Consejera de Presidencia y portavoz. ¿Es un premio a su gestión en Educación?

Es un síntoma de confianza en la labor desarrollada. El fruto de la pasada legislatura fue un trabajo en equipo, un compromiso personal del presidente por recuperar los servicios públicos, especialmente la educación. Lo asumo con mucha responsabilidad, esperando estar a la altura de la confianza depositada.

Parece difícil ser portavoz de un cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos-Equo y CHA). ¿Le preocupa?

Soy una mujer de retos, positiva por naturaleza, e intento afrontar las cuestiones que pueden parecer difíciles con valentía. En mi condición de portavoz seré la voz de un Gobierno formado por cuatro fuerzas políticas que han primado el interés general antes que cualquier interés partidista.

La oposición cree que se vació de contenido el pleno de las Cortes para proteger al PAR…

En absoluto. Nunca ha empezado un pleno con una carga de impulso o control al Gobierno sin haberse constituido las comisiones. El Gobierno no ha estado parado.

Uno de los temas que se utilizará para atacar al PAR es la enseñanza concertada. ¿Tiene el tripartito una postura consensuada?

En Aragón han convivido la educación pública y la concertada en armonía. Quien rompió esa armonía es la Lomce, que fue aprobada exclusivamente por el PP. Estoy convencida de que esa armonía va a volver a existir. Hemos avanzado muchísimo en condiciones laborales de los trabajadores de la escuela concertada y de la pública. Tenemos un sistema mixto que convive y estamos convencidos de que va a seguir así.

¿También habrá consenso en la política fiscal que se plasmará en los presupuestos?

La cuestión fiscal está muy bien definida en el acuerdo de gobernabilidad.

Madrid y Andalucía preparan bajadas de impuestos.

Lo exigible en el consejo de política fiscal y financiera (CPFF) es una reflexión profunda para tender a la armonización fiscal. Lo que ha hecho Madrid es irresponsable, absolutamente insolidario.

De las 132 medidas incluidas en el pacto de gobernabilidad, ¿cuáles son las tres prioridades en las que se centrará el cuatripartito?

Llevamos 20 días de Gobierno. La prioridad absoluta es la ley de presupuestos de 2020, la ley de todas las leyes.

¿Qué cronograma manejan para tramitar ese proyecto de ley?

Lo deseable, y vamos a trabajar para que así sea, es que en enero de 2020 podamos estar en disposición de empezar a ejecutar el nuevo presupuesto. El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, y su equipo están trabajando ya. No han tenido ni un día de vacaciones. Ya se ha puesto el reloj en marcha con toda la tramitación necesaria previa a la elaboración y la definición de cuáles son las líneas estratégicas.

Madrid mantiene bloqueados 400 millones del presupuesto actual. ¿Tendrá que aplicar ajustes el Gobierno de Aragón?

Se está analizando la situación económica de los departamentos. Los recortes no han sido un elemento que hayan definido la acción de Gobierno de Lambán y aplicaremos la misma técnica. Pero vamos a ser prudentes y a ver cuál es el estado de todos las consejerías y las necesidades que requieren. Sin Gobierno en España hay una dificultad, y esos 400 millones son un roto importante.

Pablo Iglesias (Podemos) es partidario ahora de aceptar la última oferta de Pedro Sánchez. ¿Debería volver a plantearlo el PSOE?

Mi pregunta es qué ha cambiado en poco más de un mes para que ahora sí y antes no. Respeto al que está liderando las negociaciones, la estrategia, y lo que sí es verdad es que urge un Gobierno ya. Los ciudadanos han hablado y volver a unas elecciones no es la mejor solución. Aquí Podemos, PP y Cs tienen mucho que decir. Pueden hacer un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con el país absteniéndose como hicimos nosotros en 2016.

Varios proyectos de ley decayeron con el fin de la legislatura. ¿Tienen previsto recuperarlos?

Vamos a trabajar en eso. Estamos viendo si ha habido elementos que podemos incorporar, porque las leyes tienen que ser actuales y vigentes para poder volver a llevarlas al Parlamento en el mínimo tiempo posible.

En su toma de posesión se fijó como reto mejorar la relación con los ayuntamientos. ¿Cómo lo hará?

Lo planteo como un hito fundamental del departamento en esta legislatura. En la pasada, se duplicó el fondo condicionado, que pasó de 9,6 millones a 20, 2 millones, lo que supuso un esfuerzo enorme. Hicimos una ley de financiación municipal que garantiza un mínimo a los ayuntamientos, y la aleja de los vaivenes de la propia voluntad política. La DGA puede ser esa institución útil a los ayuntamientos técnica, normativa y financieramente.

¿Mejorará también la relación con el de Zaragoza tras dos años sin convocar la reunión bilateral?

Es clave la colaboración con todas las instituciones. Tenemos la obligación de entendernos, independientemente de quién gobierne cada institución.

¿Será más fácil entenderse con Jorge Azcón (PP) que con Pedro Santisteve (ZEC)?

La disposición tiene que ser de entendernos. Vamos a ver, porque aquí dos no riñen si uno no quiere. No vamos a anticiparnos.

El PP y el Gobierno de Pedro Sánchez recurrieron ante el Tribunal Constitucional la Ley de Derechos Históricos de Aragón. ¿Qué se hizo mal?

Quizá nos extralimitamos. Siempre hemos sido un gobierno que, independientemente de que compartamos o no las sentencias, acatamos y respetamos lo que dicen.

En el plan de gobernabilidad se comprometen a avanzar en su aplicación. ¿Cómo lo harán?

Aún no se ha profundizado. Ese plan es una hoja de ruta y lo que estamos haciendo ahora es ir desgranado cada medida e incorporando las prioridades.

El pasado fin de semana se realizaron 13 rescates en montaña en Huesca. ¿Mantienen la intención de multar a los que cometan imprudencias?

Hay que hacer una reflexión y enfatizar y profundizar en campañas de concienciación, de educación, para ver cómo es posible incorporar más prudencia. En este país parece que solo respondemos cuando nos sancionan y debería de ser el último recurso. Pero no hay que descartar nada para evitar que se produzca el mal mayor que es la muerte de personas, algunas por atrevimientos e imprudencias.

En Huesca siguen esperando el desarrollo del cuerpo de bomberos autonómico. ¿Va a ser una prioridad para el Gobierno?

Está en el pacto de gobernabilidad y lo abordaremos con diputaciones provinciales y ayuntamientos, que son los que tienen la competencia.

Usted y Vicente Guillén son de Teruel. Javier Lambán y Javier Sada, de Zaragoza. ¿Está Huesca poco representada en la cúpula del Ejecutivo aragonés?

Yo tengo cinco direcciones generales y uno es de Huesca y otro de Teruel. El resto son de Zaragoza.