estafa
Detienen a un funcionario que usurpó la identidad de 27 alcaldes y pidió 41 créditos
El empleado, interino en el Instituto Aragonés de Empleo, obtuvo 65.000 euros entre septiembre de 2018 y mayo de 2019.
David Arturo M. R., de 44 años, funcionario interino de una oficina del Instituto Aragonés de Empleo de la capital aragonesa, está siendo investigado por utilizar presuntamente su puesto de trabajo para usurpar 27 identidades, la mayoría de alcaldes de Zaragoza, y pedir en su nombre 41 créditos rápidos a entidades financieras y bancarias. En total, la Policía calcula que con esta estratagema obtuvo unos 63.000 euros entre septiembre de 2018 y mayo de 2019, con lo que todos los afectados por la estafa eran regidores de sus pueblos en el pasado mandato.
Según informó este jueves la Jefatura Superior de Policía de Aragón, la investigación comenzó tras la denuncia formulada por un perjudicado que daba cuenta de que personas desconocidas habían utilizado su identidad para solicitar un crédito por valor de 3.000 euros.
Los agentes recabaron la información correspondiente en la entidad de crédito y comprobaron que, efectivamente, había concedido el préstamo de acuerdo con los documentos presentados, entre ellos el número del DNI del denunciante así como una nómina, justificantes bancarios o facturas todas ellas falsificadas.
La investigación permitió conocer que David Arturo M. R. había abierto otras veinte cuentas más en el mismo banco y en los movimientos de las mismas se detectaron otros ingresos de numerosos créditos procedentes de varias entidades financieras.
Una vez estudiados los documentos, los agentes concluyeron que todos habían sido falsificados expresamente para aportarlos en cada solicitud en concreto, siguiendo el mismo modus operandi en todos ellos. Constataron igualmente que los carnés de identidad cuya fotocopia adjuntaba pertenecían a personas que habían ocupado el cargo de alcalde en localidades aragonesas.
Concesión de subvenciones
Tras entrevistarse con algunos de los denunciantes, llegaron a la conclusión de que el investigado estaba trabajando como funcionario de la administración autonómica –en concreto era técnico medio de gestión de empleo de categoría B– y, por lo tanto, tenía autorización para acceder y consultar diferentes bases de datos. Entre otras, las de los expedientes de concesión de subvenciones a ayuntamientos que, entre otros documentos, contienen la fotocopia del DNI del alcalde que las solicita.
De esta manera, por el área de su competencia, tenía acceso a las solicitudes de ayudas públicas para talleres de empleo, algo habitual en los municipios. Esto explica que los perjudicados por la estafa sean, en su mayoría, regidores o bien personas que, por su cargo en diputaciones u otros organismos públicos, pueden reclamar subvenciones.
La investigación ha permitido concluir que, en nueve meses, a David Arturo M. R. se le concedieron 41 préstamos y dos tarjetas de crédito con documentos falsos, según explicaron las mismas fuentes.
Daños económico y moral
La Policía ha calculado en 63.000 euros el perjuicio económico total (créditos más intereses) causado a las financieras. No obstante, a este daño hay que sumar el moral ocasionado a algunos de los perjudicados, pues durante meses se han visto acosados por las compañías que les reclamaban mediante llamadas diarias y, muchas veces en tonos amenazantes, el pago de las cuotas de los préstamos, tal y como explicaron este jueves los afectados, a pesar de que les decían que ellos no los habían solicitado.
