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El Gobierno acelera la recuperación de restos de las víctimas del Yak en Turquía

El embajador español confirma que quedan huesos y dientes de 23 militares fallecidos.

Familiares de víctimas fueron al Instituto Adli Tip de Estambul en 2004 para las pruebas de ADN.
Familiares de víctimas fueron al Instituto Adli Tip de Estambul en 2004 para las pruebas de ADN.
C.Arcos/Heraldo

El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez está acelerando la recuperación de diferentes restos mortales de varias víctimas del accidente del Yak 42 en Turquía, en el que fallecieron 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003. La reclamación de una familia de uno de los militares procedentes del Ala 31 de la Base de Zaragoza, planteada en enero de 2018 al Gobierno del PP de Mariano Rajoy, y las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en las últimas semanas a través del embajador español en Ankara, Juan González Barba, han permitido confirmar que el Instituto de Medicina Legal Adli Tip de Estambul guarda restos de 23 de los militares, a pesar de que ya se han superado los diez años desde el siniestro, plazo legal para la custodia de unos restos.

Según ha podido saber HERALDO, el subdirector del Adli Tip, Omar Muslumanoglu, uno de los forenses que realizó las pruebas de ADN a los familiares de las víctimas del Yak en 2004 para comprobar que 30 de los muertos no estaban identificados (el Gobierno español de José María Aznar los trasladó dos días después del siniestro para el funeral que se ofició en la Base Aérea de Torrejón), ha confirmado al embajador español que se han guardado estos restos. Los tienen perfectamente identificados y los han conservado por la polémica judicial que propició esa actuación del Ministerio de Defensa que dirigía Federico Trillo.

Asimismo, el forense turco ha informado de que basta con la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía para que puedan repatriarse los huesos y dientes de 23 de los fallecidos guardados en el Instituto de Medicina Legal de Estambul.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron a este periódico la conversación del embajador y el forense turco, así como la intención de acelerar el envío de los 23 restos mortales antes de que el ministro en funciones Josep Borrell abandone su puesto a finales de septiembre o primeros de octubre para acceder a su nueva responsabilidad como Alto Representante de la UE para Exteriores y Seguridad.

Esta recuperación de restos, reclamada por la familia de un militar del Ala 31 de la Base Aérea de Zaragoza, se sumaría a la del fémur de un militar español que enterraron las autoridades turcas en el cementerio de Macka (la localidad turca más próxima al monte Pilav donde se estrelló el avión) dos meses después de que sucediera el accidente en 2003.

La juez María Tardón, titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional desde su llegada al cargo en octubre de 2018, remitió una comisión rogatoria a Turquía sobre este hueso (el sumario lo lleva el Juzgado de Macka), después de que las autoridades turcas confirmaron en marzo su disposición a devolverlo a España.

Aunque este proceso se ha mantenido con discreción por respeto para las víctimas (que no fueron informadas por el Gobierno en 2003 cuando se encontró), la Audiencia Nacional abrió las diligencias oportunas en la Sala de lo Penal en junio de 2018, cuando la juez instructora era Carmen Lamela.

Nuevas pruebas de ADN

Ahora, la magistrada María Tardón ha mostrado su voluntad de ampliar esa comisión rogatoria para que todos los restos de las víctimas españolas sean trasladados a España, donde se realizarán las pruebas de ADN en el Instituto de Medicina Legal en Madrid.

Los plazos para agilizar estas actuaciones se pueden cerrar cuando la Audiencia Nacional disponga ya de la respuesta oficial de las autoridades turcas, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, y se obtengan todos los permisos necesarios para su recuperación. Aunque la juez María Tardón se encuentra estos días de vacaciones, está dispuesta a que se aceleren las necesarias actuaciones judiciales –si llegara la respuesta del Gobierno turco– a través del magistrado Ismael Moreno, quien la sustituye durante el mes de agosto.

Hasta la fecha las diligencias abiertas se han mantenido en secreto como muestra de respeto a las víctimas ante el temor de que no pudieran llegar a buen puerto o que surgiera algún problema imprevisto.

Por su parte, el actual Gobierno en funciones ha facilitado toda la información sobre la respuesta de Turquía a la familia del militar fallecido. Esta coordinación se ha realizado desde los ministerios de Defensa, a través del gabinete de la ministra Margarita Robles –este año, en Sevilla, los familiares de los militares del Yak fueron invitados el Día de las Fuerzas Armadas– y desde el de Asuntos Exteriores, de Josep Borrell.

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