El Gobierno de Turquía ha contestado al Ministerio de Justicia español que acepta repatriar los restos de una víctima del Yak-42 que fueron enterrados en el cementerio de Macka, la localidad turca que está cerca del monte Pilav, donde fallecieron 62 militares españoles en el accidente aéreo del 26 de mayo de 2003.

Se trata de la pierna de un fallecido que Turquía sepultó en julio de 2003, después de que el Gobierno español se llevase con prisas los cadáveres de los militares para su entierro oficial el 28 de mayo en la base aérea de Torrejón, dos días después de la tragedia. Pero 30 de los 62 muertos no fueron identificados, las autoridades tuvieron que exhumarlos y la Audiencia Nacional condenó al general y a dos oficiales del equipo que envió Defensa a Turquía por falsificar las identificaciones.

Fuentes diplomáticas turcas señalaron este jueves a HERALDO que la respuesta se comunicó al Ministerio de Justicia español el pasado mes de marzo. Se trata de la contestación a una comisión rogatoria que fue remitida por la Audiencia Nacional y se envió a través de la dirección general de Cooperación Jurídica de Justicia.

Esta es la consecuencia de las gestiones del Gobierno español, en concreto de los ministerios de Exteriores y Defensa, que llevan un año reclamando a los turcos sin hacerlo público si quedan restos de los fallecidos españoles en el accidente aéreo. Las gestiones han llegado hasta el Instituto de Medicina Legal de Estambul Adli Tip Qurum, donde fuentes forenses turcas confirmaron a este periódico que guardan muestras de 23 militares muertos en el Yak, sobre todo dentales.

El Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional reabrió el proceso judicial al responder al abogado del Estado en representación del Ministerio de Defensa, que recibió a principios de 2018 la petición de un familiar sobre los restos que quedaron en Turquía.

En un escrito de Defensa fechado el 23 de mayo de 2018, el Gobierno del PP pidió a las autoridades turcas un acto de cooperación judicial internacional, en el marco del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, del que España y Turquía forman parte. El Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que tomó posesión el 1 de junio de 2018 tras la moción de censura, mantuvo esta misma línea de la vía diplomática y judicial: en secreto.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptó la petición de las diligencias de investigación reclamada por la abogacía del Estado, a la que se adhirieron la Fiscalía y el abogado de la Asociación de Familias de Víctimas del Yak, Leopoldo Gay.

"Se trata de averiguar si existen aún en Turquía restos de una de las personas fallecidas en relación con estos hechos, identificarlos y posteriormente trasladarlos a España. Son restos que no se conocieron durante la instrucción de la causa y se trata de un hecho nuevo, que debe esclarecerse", resolvió la Sala de lo Penal. Así, el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional abrió una investigación suplementaria hace un año. La juez María Tardón es la nueva titular desde octubre pasado.

El abogado de las familias de víctimas del Yak, Leopoldo Gay, reclamó la comisión rogatoria a Turquía para que determinara si quedan restos de alguno de los fallecidos en la tragedia del Yak-42 y se aclare de qué tipo son y dónde se encuentran para proceder a su identificación y repatriación a España. Además, pidió que respondieran si habían restos de una víctima en el cementerio turco de Macka y explicaran su hallazgo, el entierro y las gestiones que efectuaron en su día.