Giros de campaña
Al margen de la triste noticia del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, un político de Estado y clave en la reciente historia de España -no solo del PSOE- que siempre demostró una sólida personalidad capaz de soportar el peso y la responsabilidad que implican haber adoptado valientes decisiones en beneficio del interés del país, el arranque de la campaña electoral en Aragón ha quedado marcado por el uso de la mentira por parte de Luis María Beamonte (PP) para evitar que se conociera que acabó sus estudios de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos, por la sentencia de la Audiencia de Zaragoza que absuelve a Carlos Esco y a Agapito Iglesias del caso Plaza y por la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Tras asegurar a HERALDO hace ocho meses que no había terminado sus estudios universitarios, Beamonte matizó y borró su currículum en las páginas donde antes aparecía su licenciatura en Derecho. Supuestamente enmendaba un error, pero lo que en realidad hacía era construir una mentira. El candidato del PP al Gobierno de Aragón reconoció ayer en rueda de prensa que ocultó la finalización de sus estudios en la Rey Juan Carlos por miedo a verse salpicado por la polémica que rodeaba a este centro universitario. Dice que las convalidaciones y exámenes se realizaron, puede que así sea, pero la reacción de Beamonte, que inaugura el primer caso de un político que se avergüenza y recorta su currículum, invita a todo tipo de interpretaciones. El empleo de la mentira como salvaguarda personal siempre es injustificable, pero en el caso de un político resulta intolerable. Inmersos en la campaña electoral serán los aragoneses los que decidan el próximo domingo 26 si permiten estos comportamientos, pero el daño a su crédito es más que elevado. Hace bien en pedir disculpas, pero más que buscar el perdón debería reflexionar sobre qué consecuencias políticas se desprenden de un comportamiento tan equivocado como alejado de la ejemplaridad.
Acusados de formar parte de la calificada como mayor trama de corrupción de la etapa del Gobierno socialista de Marcelino Iglesias, la absolución del exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA y de Agapito Iglesias, en especial después de que se negaran a negociar cualquier tipo de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y de que otros implicados pactarán asumiendo su responsabilidad, supone un balón de oxígeno para el PSOE. Entre las filas socialistas existían serias dudas sobre el sentido de la sentencia -cabe recurso ante el Tribunal Supremo- y se había extendido un abierto temor ante el hecho de que se conociera un posible fallo condenatorio en coincidencia con la campaña de las municipales y autonómicas.
El caso Plaza, en todos y cada uno de sus diferentes capítulos judiciales, se convirtió con la llegada de Luisa Fernanda Rudi (PP) al Gobierno de Aragón en el gran proceso que supuestamente resumía la corrupción socialista. Objeto de una comisión de investigación en las Cortes regionales y de un abierto enfrentamiento entre el PSOE de Marcelino Iglesias y el equipo socialista que entró en el Pignatelli de la mano de Javier Lambán, la sentencia de Plaza se presentaba como la gran piedra contra la que podían tropezar los candidatos. Una condena habría desatado una encarnizada lucha intestina entre familias del PSOE, a la vez que habría convertido la campaña socialista en objeto de un permanente ataque por parte del resto de las formaciones. Las muchas irregularidades registradas en Plaza, recogidas en las condenas pactadas con la Fiscalía y en la evidencia del daño causado a las arcas de la Administración autonómica, no han conseguido probarse dentro de una red de corrupción política, tal y como pareció intuirse con las acusaciones presentadas, pero sí han quedado confirmados los diversos desmanes de los que fue objeto uno de los grandes proyectos del Ejecutivo aragonés.
Mientras la sentencia del caso Plaza se acomodaba discretamente, sabiéndose poco útil para el rifirrafe electoral, los ecos de la encuesta del CIS seguían resonando conscientes de que José Félix Tezanos no había convivido tan alejado del acierto en el sondeo del 28-A. Suerte o ajustado criterio científico, su última muestra autonómica y municipal descubre, en cualquier caso, una serie de trazos gruesos que invitan a adoptar una cierta prudencia. El hecho de que el trabajo de campo se realizase con carácter previo a las pasadas elecciones generales, cuando el nivel de indecisión se situaba en porcentajes especialmente altos, no deja de sorprender. Los sondeos señalan que hoy, al menos en Aragón, el porcentaje de indecisos estaría en torno al 28 por ciento, muy distante de las abultadas cifras del 40 por ciento que se registraron antes de las generales. Igualmente, la cita del 28 de abril reflejó algo que la encuesta no recoge: el importante crecimiento en número de votos de aquellas formaciones con un origen y ámbito de actuación exclusivamente autonómico. Esta circunstancia invita a pensar, intuyendo que el voto no tiene capacidad para variar mucho en tan corto espacio de tiempo, que en una elección local estas opciones encontrarán fácil ubicación. Podría producirse, en consecuencia, un gran reparto y fragmentación del voto, permitiendo una distribución entre todas y cada una de las opciones.
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