La CHE expedienta a 206 municipios, empresas y particulares en dos años por vertidos ilegales

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha expedientado a 206 ayuntamientos, empresas y particulares de la cuenca en los dos últimos años por vertidos contaminantes al río Ebro y sus afluentes. En 2017 se actuó hasta en 132 ocasiones y en 2018, en 74. La mayor parte atañen a municipios sin depuradora. Ninguno, en todo caso, corresponde a las localidades afectadas por el fracaso del plan de depuración del Pirineo, ya que, según la CHE, a raíz de las conversaciones iniciadas con el Gobierno de Aragón –que se comprometió a mediar con el Ministerio ante las quejas de los consistorios sin depuradora sancionados–, "en este tiempo no se han abierto nuevos expedientes a estos núcleos".

La situación, confirman desde la Confederación, "ha mejorado en los últimos años" tanto en la cuenca en general como en Aragón, si bien la velocidad con la que se van produciendo dichos avances "podría ser mayor". "Todavía quedan muchos municipios sin depurar", apuntan las mismas fuentes. También se ‘vigila’ a las alrededor de 2.000 empresas que vierten a las redes de alcantarillado de la Comunidad.

El grueso de estos expedientes se abre al detectar vertidos que superan la carga contaminante permitida o cuando se rebasan los límites autorizados para ciertos componentes. La mayoría parten de denuncias de la Guardia Civil, áreas y servicios propios de la CHE u organismos oficiales. También las hay de particulares y de comunidades de usuarios.

En el momento en que se recibe una, la Confederación comienza a recopilar datos con el fin de averiguar si los hechos en cuestión son o no susceptibles de sanción. Acabada esta fase se abren dos opciones: incoar un expediente o archivar las diligencias previas, algo que se produce "en caso de no haber pruebas, de que no se haya cometido infracción o de que no se haya podido localizar al causante".

La mayor parte de los expedientes terminan en sanción, ya que el mero hecho de incoar uno significa que el organismo tiene pruebas suficientes. Los relacionados con vertidos contaminantes representan en torno a un 10% del total, según datos de la CHE. El resto se centran en derivaciones de agua, obras sin autorización o vertidos de residuos sólidos, entre otros.

En la última década, municipios como Aguaviva o Canfranc se han visto obligados a pagar multas de entre 2.000 y 3.000 euros por carecer de depuradora, aunque las ha habido de hasta 7.000. Pese a que en estos dos últimos años no se han abierto nuevos expedientes a ayuntamientos del Pirineo –que pagan como el resto el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA)–, la situación sigue lejos de resolverse, ya que la Diputación Provincial de Huesca confirmó hace menos de un mes que seguirá respaldando jurídicamente a estas localidades. Lo hará a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón avaló recientemente las sanciones de la CHE.

Consideró, a este respecto, que "el retardo en la construcción de las depuradoras y el convenio firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente" –con el que solo se construyeron un 10% de las plantas proyectadas–, "no priva de la competencia ni de la responsabilidad" a los consistorios.

Fuentes de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), en la que se integran los núcleos sancionados, reconocen que resolver cada caso es "muy complicado". Critican, no obstante, el "excesivo rigor" con el que el organismo ha "perseguido" a "algunos ayuntamientos" en los últimos años. Dichas fuentes consideran que el Ejecutivo aragonés –que tras rescindir los antiguos contratos concesionales presentó un plan valorado en 120 millones de euros para ejecutar las depuradoras pendientes en el Pirineo en siete años– ha rectificado a tiempo. "Se ha avanzado y se han corregido cuestiones que eran necesarias, pero va a llevar tiempo", admiten.

La depuración, en datos

Aragón depura actualmente el 90% de su carga contaminante, porcentaje que corresponde a 1.297.433 habitantes equivalentes. El 10% restante, no obstante, representa el mayor reto, ya que se trata, en esencia, de municipios de menos de mil habitantes. Antes del año 2000 apenas había tres depuradoras y actualmente, según datos del Instituto Aragonés del Agua, alcanzan las 213. Noventa y cinco dan servicio a poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes y el resto, a localidades de menor tamaño.

La Comunidad encara ahora la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, en el que se apuesta por depuradoras de bajo coste de mantenimiento y un dimensionamiento adecuado a la población de cada localidad.