Desde 2010, cada 9 de marzo se conmemora el Día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Es una manera de recordar a las personas que un buen día ya no regresaron a su hogares y dejaron un vacío inquietante en sus familias muy difícil de superar. 2010 fue también el año que se empezaron a contabilizar las denuncias por desaparición y, según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, en España se han registrado 176.063 denuncias desde entonces y 12.330 permanecían activas a 31 de diciembre de 2018, es decir, el 7% del total.

De esas 12.330, más de la mitad, el 58%, son de hombres y 271 (el 2,19%) están consideradas alto riesgo. Según estas cifras, 6.534 corresponden a menores (edad actual), lo que supone el 53% del total de éstas y la mayoría corresponden a fugas de centros de protección protagonizadas por menores extranjeros no acompañados (Menas).

Aragón es una comunidad con un alto índice de localizaciones y se suelen resolver en pocos días las denuncias que se presentan, bien porque los desaparecidos regresan -que suele ser lo habitual, en especial los menores de edad- o porque lamentablemente se encuentran sus cadáveres. En ocasiones se producen localizaciones sorprendentes, como la vivida hace un año por una familia que encontró en Andalucía a un inmigrante polaco desaparecido en Zaragoza diez años antes. 

Pero desde hace años hay nueve expedientes abiertos que ni la Policía ni la Guardia Civil consigue cerrar.  Algunos se remontan a 1991, como es el caso de Juan Jesús Duro Gil, un chico de 21 años, que desapareció durante la fiesta Nochevieja que se celebraba en el pabellón de la localidad de Saviñán. El joven salió a tomar el aire, se dejó la cazadora dentro y nunca más se supo de él. Otros, sin embargo, son más recientes, como el de Ángel Gimeno Gimeno, el pastor de 75 años Monreal del Campo que está en paradero desconocido desde el 1 de mayo de 2017. O el de Lorenzo Nieto Peralta, de 58 años, que salió del neuropsiquiátrico del Carmen de Garrapinillos en pijama, bata, zapatillas y medicado con ansiolíticos y antidepresivos y nunca se le ha vuelto a ver. Este próximo 11 de abril se cumplirán ya dos años de su desaparición y su familia está esperando sentencia por un juicio civil que se celebró en noviembre en el reclaman la responsabilidad del centro médico.

Entre las desapariciones más antiguas figura la de un universitario Erasmus. Se trata del francés François Marechal-Durant, un estudiante de Empresariales de 23 años que estuvo de fiesta en el Rincón de Goya en la noche del 13 al 14 de junio de 2003 y su coche fue encontrado días después en el Galacho de Juslibol. Fue un amigo quien alertó a su familia, residente en Grenoble, de la desaparición, que no fue denunciada hasta el 1 de julio de ese año.

En las Navidades de 2013, un joven búlgaro de 25 años, Aleksandar Antonov Tolev, fue visto por varios testigos cuando se arrojaba a las aguas del Ebro, pero nadie lo vio salir del río ni se encontró su cadáver. Igualmente, se ignora el paradero de Irlene María Gomes Da Silva, de 50 años, vista por última vez en la estación de Las Delicias de Zaragoza el 21 de julio de 2015; o Joaquín Arruga Ariso, de 76 años, desaparecido el 5 de septiembre de 2013 en Alfajarín, Zaragoza; o Águeda Romero, de 76, vecina de Villamayor, de la que nada se sabe desde el 26 de diciembre de 2014.

Aunque la desaparición en abril de 2012 de Pilar Cebrián, vecina de Ricla de 51 años, se cerró como un caso de homicidio y su marido, Antonio Losilla, cumple 15 años de prisión como autor. Su cuerpo, que descuartizó, nunca fue encontrado.

Joaquín Amills, presidente de la asociación Sos Desaparecidos, explica que desde 2009 hasta ahora el tratamiento que se ha dado por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de los responsables políticos a las desapariciones ha evolucionado notablemente. “Si antes estábamos a años luz de los países de Europa, ahora estamos en la élite de los más avanzados” comenta.

Explica que precisamente con ocasión de la conmemoración del Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, presentaron el pasado 4 de marzo un protocolo de actuación con el que se mejorarán notablemente las medidas que se pusieron en marcha en 2009 para afrontar este problema.

Este cambio ha sido posible gracias a asociaciones como la suya, ya que antes de que surgieran organizaciones formadas por familiares de víctimas los desaparecidos “eran invisibles”, pero también la mayor implicación de las fuerzas y cuerpos policiales y el cambio de mentalidad y mayor concienciación de la sociedad. “Todo suma y ahora se van a tomar medidas que supondrán más medios, más coordinación y facilitarán las labores policiales, la investigación de los casos y la búsqueda de los desaparecidos”.

A partir de que entre en vigor la nueva instrucción de Interior, algo que se prevé para este mes, los casos serán clasificados como desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas. En función de esta clasificación, el documento introduce unos Indicadores de riesgo que serán valorados por los agentes ante el conocimiento de un hecho de esta naturaleza.

Otra de las medidas presentadas fue la creación de una red provincial de responsables policiales. Botella explicó que esa persona, sea del cuerpo policial que sea, será la “antena” en cada provincia de una desaparición y será quien se coordine con un representante del Centro Nacional de Desaparecidos en Madrid. La instrucción de la secretaría de Estado por la que se aprueba el protocolo incluye además una revisión del sistema Alerta menor desaparecido e incorpora una nueva alerta para el caso de ancianos.

El ministro aprovechó para reiterar que, en contra de lo que la gente cree, no es necesario esperar 24 o 48 horas para denunciar una desaparición, sino lo contrario, se debe informar "inmediatamente" pues las primeras horas en una desaparición son "cruciales".