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Rescates de montaña

El rechazo de montañeros y Guardia Civil aparca las sanciones por imprudencias

La DGA reconoce que no hay respaldo social ni tiempo para crear esta legislatura un decreto que tipifique los rescates y multe los comportamientos inapropiados.

Jorge Lisbona 28/01/2019 a las 05:00
Uno de los rescates realizados por la Guardia Civil en la ComunidadGuardia Civil

El Gobierno de Aragón descarta sancionar los accidentes de montaña provocados por imprudencias o comportamientos inapropiados en lo que resta de legislatura. La idea, lanzada en noviembre en el Observatorio de la Montaña, queda "en stand by" por falta de tiempo y la oposición de la Guardia Civil y los colectivos que integran este órgano. La directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, reconoce la falta de respaldo social y explica que para crear un decreto con garantías se necesitaría al menos un año, tiempo del que el Ejecutivo PSOE-CHA ya no dispone.

El Observatorio, del que también forman parte la Aemet, Protección Civil o el 061, entre otros, continuará analizando el marco legal existente a fin de detectar "necesidades y disfunciones" y solo retomará la idea si sus integrantes concluyen que Aragón necesita un decreto que tipifique este tipo de conductas. El problema, apunta Júlvez, es que resulta "muy complicado" delimitar qué es un accidente y qué un incidente. "Esa línea divisoria la tiene que marcar alguien, pero, salvo en los casos más obvios, no es nada sencillo", manifestó.

El Ejecutivo ni siquiera había perfilado una horquillas de sanciones. El objetivo, según explicó la directora general en noviembre, era que estas personas fueran conscientes de los costes que conlleva cada rescate. Sobre todo teniendo en cuenta los riesgos que entrañan para el operativo y los daños adicionales que provocan.

Sí seguirá cobrando, según explicó, el transporte sanitario, ya que la atención médica y los desplazamientos en helicóptero constituyen los mayores gastos para el Ejecutivo autonómico. La opinión de la Guardia Civil habría sido clave a la hora de descartar las sanciones. "Insisten en que son benemérita y en que los recates forman parte de su trabajo", recalcó. En estos momentos, el Gobierno de Aragón "solo puede sancionar aquellas conductas que son un ilícito penal".

Júlvez recuerda que una vez que se decidiese crear el decreto se necesitaría alrededor de un año para su aprobación, ya que habría que darle publicidad a través del portal de transparencia y estudiar las posteriores alegaciones, paso que podría alargar los plazos.

Para el presidente de la Federación Aragonesa de Montaña (FAM); Luis Masgrau, el tema es "delicado y complicado". Sobre todo teniendo en cuenta que "cada accidente es un mundo". "Si una persona se accidenta, no llama a los grupos de rescate por temor a que le cobren y decide salir por sus propios medios, el resultado podría ser peor. Una vez que alguien se enrisca o se equivoca de camino es mejor que acuda un profesional. Si no, los daños económicos o personales podrían ser mayores", señala. En su opinión, llevar a efecto estos planteamiento sería "muy complejo". "Cataluña ya ha legislado a este respecto y solo ha sancionado en tres ocasiones", apunta.

El colectivo insiste en que estas sanciones tendrían un efecto "contrario". "Hablamos de un servicio público. Personalmente, no soy partidario. Donde sí hay que insistir es en educar a la gente. Cada vez salen más personas a la montaña y hay conductas que son claramente negligentes", recalca. En este punto coincide con Júlvez, que insiste en el sentido común y en la necesidad de consultar las previsiones y llevar ropa y calzado adecuados.

En fin de semanas como este, la FAM pide cuidado. "La nieve está recién caída y el manto es muy inestable. Solo se ha de ir por circuitos de seguridad, la alta montaña está complicada. En momentos así, las placas de hielo son peligrosísimas", dice Masgrau.

Recopilación de datos

El Gobierno de Aragón esperaba poder convocar la segunda sesión del Observatorio este primer trimestre. No obstante, el simulacro nacional de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se desarrollará en el Pirineo entre el 1 y el 5 de abril y movilizará a más de 3.000 personas obliga a destinar prácticamente todos los recursos del Departamento a este fin, circunstancia que podría retrasar los plazos.

El Observatorio, en todo caso, no se disolverá tras las elecciones, por lo que sus integrantes seguirán trabajando en el análisis del marco legal, las actividades que contribuyen a luchar contra la despoblación y los escenarios existentes para ofrecer un turismo de calidad con seguridad. También estudiarán las causas de la siniestralidad en el medio natural. Esto permitirá "recopilar y analizar los datos de los accidentes que se produzcan". "Hasta ahora, solo los tiene como tal la Guardia Civil", indicó la directora general de Justicia e Interior.





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