El Gobierno de Aragón que preside Javier Lambán no solo ha reducido la inversión hasta dejarla en mínimos históricos, sino que el cumplimiento de los compromisos incluidos en los presupuestos de 2018 es uno de los peores de los últimos años pese a batir su récord de recaudación en lo que va de legislatura. Así se desprende de la liquidación elaborada por la Intervención General, que revela que la coalición PSOE-CHA solo ha gastado hasta finales de septiembre 122,5 de los 492,4 millones de euros presupuestados para todo el año. Es decir, las inversiones únicamente rozan un 25% de la cifra aprobada cuando solo resta un trimestre para que se cierre el ejercicio.

Los ingresos de las arcas autonómicas alcanzan al cierre del periodo estival los 2.700 millones por la cesta de impuestos directos e indirectos y las tasas, pero solo una mínima parte se ha destinado a hacer realidad la retahíla de equipamientos e inversiones anunciadas cuando se aprobaron las cuentas a principios de marzo. Y no vale la excusa de que las cuentas tuvieron tarde este año el visto bueno de las Cortes, ya que en 2017 aún se demoraron más, hasta el mes de mayo, y se terminó el ejercicio con una ejecución cercana al 87%.

Las previsiones de ingresos se están cumpliendo con creces incluso en los derechos reconocidos de los impuestos propios y cedidos que gestiona directamente el Gobierno de Aragón. El de Patrimonio ya ha superado la propia estimación para todo el año, ya que los 46,9 millones suponen un 104%.

También se han recuperado las arcas autonómicas del desplome del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que trajo consigo la crisis económica. Hasta septiembre, los derechos reconocidos ascendían ya a 143,7 millones, 21 más de los contabilizados en el mismo periodo de 2017, y se había conseguido cubrir el 80% de la previsión, idéntica a la del año pasado: 143,7 millones.

El mismo elevado porcentaje se había logrado en el polémico impuesto de Sucesiones y Donaciones, con 118,5 de los 149 millones previstos para todo el ejercicio. No obstante, el año pasado supuso un hito por la generación de derechos reconocidos por herencias que afloraron legalmente en 2017, aunque correspondían a fallecimientos en ejercicios anteriores. A 30 de septiembre se superaron los 150 millones y se cerró el año por encima de 200, cifra que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, no se cansa de repartir que será imposible de repetir, menos con la rebaja fiscal pactada, pero sí asegura que los ingresos totales estarán por encima del 100%, como hizo de nuevo el pasado viernes.

Una suerte muy dispar

La otra cara de la moneda son las inversiones, que mantienen un renqueante ritmo que, de mantenerse, podría empeorar aún más las cifras a final de año pese al arreón que siempre se produce en el capítulo de las transferencias de capital. Solo hay que fijarse en los números de la Intervención General, que revelan que las obligaciones se limitaban a 122,4 millones en los primeros nueve meses, cuando el crédito disponible se eleva a 492,4 millones. El gasto comprometido tampoco se puede decir que sea muy boyante, aunque eleva la cifra a 278 millones, el 56% del total.

Ninguno de los departamentos inversores ha cumplido y arrastran una baja ejecución. El mejor de todos, el de Educación, solo ha invertido 15,2 de los 44,4 millones de los que dispone (un 34,3%), mientras el de Innovación, Investigación y Universidad es el que menos obligaciones ha contraído: 2,8 de los 23,1 millones que figuran en las cuentas (un 12,5%).

Si el foco se pone en los distintos programas de gasto, tampoco sale bien parado el Gobierno cuando las partidas para el desarrollo y apoyo económico apenas se han tocado (un 20,9% y un 17,8%, respectivamente), al igual que la de igualdad y apoyo a la inmigración (14,16%). La de gestión social de la vivienda aún lleva peor marcha (12,5%), aunque si finalmente se adjudican las ayudas de alquiler antes de fin de año se disparará su ejecución de golpe.

Mientras, el gasto corriente permite que los fondos para la gestión de los servicios sociales alcance un 56,4% y las infraestructuras básicas y del transporte