La entrada en vigor de la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones el próximo jueves evitará cada año a más de 1.200 aragoneses tener que pagar al heredar, ya que el mínimo exento se elevará de 150.000 a 500.000 euros. La medida pactada por el PSOE con los partidos del centroderecha –PP, PAR y Ciudadanos– a la vuelta del verano ahorrará a padres, hijos y cónyuges de pagar a las arcas autonómicas una media de entre 2.610 y 82.656 euros.

Si se tienen en cuenta los datos fiscales de 2016, los últimos de los que hay información pormenorizada en la DGA (suelen ser muy similares todos los años), solo seguirán abonando este polémico impuesto 167 personas, tan solo un 0,7% de los 24.843 aragoneses que ese año tuvieron que pagar. De hecho, ya no lo hacían el 94,3%.

De este cálculo se excluyen los hermanos, sobrinos y demás herederos, a los que no afecta la nueva exención fiscal. En los denominados grupos III y IV del impuesto constaban 5.608 personas en 2016. Y a pesar de representar menos del 20% de los herederos son los que aportan el 65,1% de los ingresos.

El objetivo del presidente aragonés, Javier Lambán, era quitarse la presión social que suponía que Aragón fuera la comunidad autónoma que más grava al heredar como consecuencia de la subida fiscal que acordó la izquierda a finales de 2015 y la marcha atrás de sus compañeros de filas en otros territorios.

El objetivo se ha logrado, pero la DGA continuará a la cabeza porque solo le seguirán superando en el cobro de este impuesto Asturias, Castilla y León y Galicia. Y habrá que espera a ver los números, dado que la Xunta cobra a partir de herencias de 400.000 euros aplicando los tipos del 5 al 18, mientras que en Aragón el límite se ha elevado a 500.000 euros, pero se incrementan los tipos del 5 al 34.

La base de la rebaja fiscal la pactaron en mayo el PSOE con Ciudadanos, a la que se sumaron PP y PAR tras aceptarse parte de sus enmiendas. La ruptura entre los socios de la izquierda fue coyuntural y se redujo a una mera retahíla de reproches que no ha tenido ningún tipo de consecuencias en la política aragonesa.

Lo que sí se logrará es frenar la escalada en la recaudación del impuesto de Sucesiones, que se disparó a partir de la subida acordada por la izquierda nada más comenzar la legislatura y que se aplicó en 2016. Si los derechos reconocidos un año antes ascendieron a 123,38 millones de euros, las autoliquidaciones pasaron a ser de 143 millones en 2016 y se llegó a batir el récord de la serie histórica en 2017 con 201 millones, según los datos de la DGA. Mientras, las previsiones presupuestarias estaban muy por debajo de la realidad, lo que motivó duras críticas de la oposición.

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, siempre aduce que el hecho de que el año pasado se pulverizaran las marcas no se debió al efecto de la subida fiscal, sino a la generación de derechos reconocidos por herencias que afloraron legalmente en 2017, aunque correspondían a fallecimientos en ejercicios anteriores.

Impacto en los ingresos

Gimeno ya adelantó que la reforma fiscal no tendrá este año impacto sobre las arcas autonómicas, dado que el periodo de autoliquidación es de seis meses y la mayoría apura los plazos. Las consecuencias se empezarán a notar a partir de 2019 y de forma plena, un año después.

La estimación del director general de Tributos, Francisco Pozuelo, es que la caída de ingresos por el conjunto de las bonificaciones pactadas oscile entre 40 y 45 millones al año.