Los sindicatos exigen a la DGA que negocie ya más mejoras laborales para los funcionarios

Aragón lleva camino de ser la última autonomía en aplicar las mejoras laborales para los funcionarios que pactaron los sindicatos y el Gobierno de Mariano Rajoy hace más de cinco meses. Los responsables sectoriales de CC. OO., UGT y CSI-F exigen desde hace tiempo al Gobierno autonómico que convoque la Mesa General de Negociación para definir cuándo se podrán beneficiar sus 54.251 empleados públicos de medidas como la limitación de la jornada laboral a 35 horas semanales y el cobro del cien por cien de las retribuciones desde el primer día por incapacidad temporal. Las tres formaciones consideran que es injusto que la negociación en Aragón se retrase, al menos, a septiembre, mientras en otras comunidades como_Andalucía y Extremadura ya han alcanzado acuerdos para recuperar los "derechos arrebatados".

El secretario general de CC. OO. en la DGA, Francisco José González, denuncia que Aragón "se retrasa de manera sistemática". Recuerda que ya ocurrió con la devolución de la paga extra de 2012, y que ahora se repite con el complemento que permitiría a los funcionarios cobrar el 100% del salario cuando están de baja laboral desde el primer momento y no penalizando los cuatro primeros días, como se aplica en la actualidad. De ahí que considere "curioso" que pese al acuerdo entre el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y CC. OO, UGT y CSI-F, el consejero Fernando Gimeno "aquí se haga el remolón, mientras la gente pierde dinero si se pone enferma".

Si la negociación comenzara finalmente en septiembre, las primeras medidas se aplicarían, como pronto, "en octubre o noviembre", mientras que en 12 de las 17 comunidades autónomas se estaba trabajando ya en julio. Esto demuestra, según critica González, que "en Aragón estamos a la cola en materia de negociación colectiva de los empleados públicos" y, en vez de avanzar hacia la conciliación, "la DGA racanea a su personal".

También UGT y CSI-F han solicitado en reiteradas ocasiones a la directora de Función Pública, Arántzazu Millo, la convocatoria de la Mesa General de Negociación para avanzar en este tema. No les sirve de excusa que asumiera el cargo hace cuatro meses, cuando el Ejecutivo de Javier Lambán decidió relevar a Ignacio Zarazaga por, según dijo el afectado, "ensañamiento por una cuestión interna del partido".

Alicia Hernández, secretaria general de la Federación de Empleados Públicos de UGT Aragón, explica que Millo les propuso esperar a que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado. Pero tampoco entonces se fijó esa reunión. De hecho, el Gobierno de Aragón ha aplicado "de oficio" la subida salarial a los funcionarios incluyendo los atrasos en la última nómina "sin comunicarlo previamente a los sindicatos", explica Hernández, que exige que se priorice la jornada de 35 horas semanales y el pago del 100% desde el primer día de baja.

CSI-F fue el primer sindicato en solicitar a la DGA que abriera la negociación: lo hizo por carta el 11 de marzo, dos días después de que se firmara el acuerdo. Sin embargo, "vamos a ser la última Comunidad en recuperar los derechos que nos quitó el Estado, y eso demuestra el desprecio del presidente Javier Lambán hacia sus trabajadores públicos", denuncia Pablo Asín, presidente del sindicato en Aragón, que ironiza: "La aplicación de las mejoras laborales no debería ser un problema ya que en la región tenemos una recuperación económica palmaria".

Para Asín es una "vergüenza" que problemas políticos internos, en referencia al cese de Zarazaga, estén en el origen de este retraso, y anuncia concentraciones si no se inicia la negociación. CSI-F exige el pago íntegro de las bajas laborales, las 35 horas semanales y que se utilicen los fondos adicionales para recuperar las aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios.