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Tribunales

Una juez cita como investigado al alcalde de Benabarre por el robo de las puertas del monasterio

La Fiscalía pide investigar la sustracción denunciada por las monjas ante las «sospechas razonables de un hecho ilícito». El primer edil declaró a la Guardia Civil que hubo una cesión verbal al Ayuntamiento, pero las religiosas insisten en negarlo.

Detalles decorativos de las puertas de las celdas del monasterio de Benabarre.HA

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Barbastro ha citado a declarar como investigado al alcalde de Benabarre, el socialista Alfredo Sancho, por la sustracción de cinco puertas del siglo XVII que denunció la priora de la comunidad dominica, sor Agustina, el pasado mes de marzo. El auto, fechado el 12 de julio, también llama a comparecer como testigo a la religiosa, aunque aún no ha fijado una fecha para que acudan ante la Justicia.

La titular del Juzgado, Jessica Fernández, acordó en junio el sobreseimiento provisional de las actuaciones tras recibir las dos declaraciones del alcalde ante la Guardia Civil, en las que sostuvo que las religiosas le cedieron verbalmente las puertas y que están depositadas en un almacén municipal, un acuerdo que las monjas insisten en negar. La decisión fue recurrida por la comunidad religiosa, representada por el abogado zaragozano José María Viladés, y por la propia Fiscalía, que se adhirió a los argumentos de la acusación particular, lo que llevó a reabrir la causa. «Se estima el recurso al considerar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de hurto por los motivos expuestos por el Ministerio Fiscal», apuntó la juez en su auto.

El fiscal Juan Baratech considera que de la denuncia y de lo actuado hasta el momento se corrobora «a nivel indiciario» la desaparición de la puertas, pertenecientes a la época de la fundación del monasterio y que se remontan concretamente a 1632. Además, apunta que también se conoce la persona responsable de dicha «desaparición», el alcalde de Benabarre, a tenor de sus declaraciones ante la Guardia Civil.

Por ello, estima que podría constituir «la base objetiva de una infracción penal», aunque considera que no puede entrar a valorar su calificación como delito. «La única opción que cabe es la continuación de la instrucción a los efectos de depurar la posible responsabilidad penal», señala.

No obstante, sostiene que existen «sospechas razonables» de que se ha producido un «hecho ilícito» y que, por tanto, el derecho a la tutela efectiva conlleva la necesidad de agotar «las posibilidades razonables de investigación útiles para aclarar los hechos».

La postura de la Fiscalía contrasta con la mantenida por el alcalde, que hasta en dos ocasiones compareció en el cuartel de la Guardia Civil y declaró que no solo conocía el paradero de las puertas, ya que estaban en el depósito municipal, sino que se las habían cedido las monjas.

El también diputado autonómico detalló en abril ante la Benemérita que hace «entre ocho y diez años» solicitó por teléfono a las hermanas dominicas que le cedieran las cinco puertas y que accedieron de forma verbal, «diciéndole que no existía ningún problema y que estaban conformes». Estas puertas correspondían a las celdas de las monjas ricas del siglo XVII y, aunque son de madera y de aspecto rústico, están decoradas con palabras y motivos religiosos.

Su intención era instarlas en el albergue municipal, aunque las puertas permanecen desde hace tres años en el almacén municipal. Y subrayó que desde que le comunicó la Guardia Civil la denuncia ha hablado con el abogado urbanista y el arquitecto de las monjas «al objeto de poder aclarar lo denunciado».

Sin embargo, la superiora insistió este lunes a este diario en que denunció la desaparición de las puertas, y no al alcalde, tras recibir una llamada de un vecino de Barcelona interesándose por comprarlas. El cenobio, protegido por el Gobierno de Aragón, lleva cerrado desde 1996 y actualmente está en venta.

Sor Agustina subrayó que no pueden retirarla pese a la «insistencia» de Alfredo Sancho porque es su «responsabilidad» velar por un patrimonio protegido que pertenece a la comunidad de la que es priora. «Si no llega ser por la llamada de esa persona que quería comprar las puertas ni nos hubiéramos enterado y no habría acudido a la Policía a interponer la denuncia», subrayó.

 





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