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Aragón

La DGA y los colegios concertados retiran 240 expedientes irregulares de alumnos con necesidades especiales

Este número supone un 43% de los 553 casos diagnosticados en centros de la capital aragonesa. A partir de ahora, Inspección tendrá la última palabra para determinar el número de Acneaes.

El director general de director general de Planificación, Ricardo Almalé, este martes durante su comparecencia en las Cortes de Aragón.
El director general de director general de Planificación, Ricardo Almalé, este martes durante su comparecencia en las Cortes de Aragón.
Cortes de Aragón

La polémica suscitada por el espectacular aumento de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (Acneaes) detectado en los colegios de infantil y primaria concertados de Zaragoza capital el pasado marzo se ha cerrado con la retirada de 240 expedientes irregulares de este tipo de escolares por parte del Gobierno aragonés y de los propios colegios privados. Este número supone un 43,39% de los 553 niños con necesidades especiales que registraron estos establecimientos educativos.

Este es uno de los datos que ha ofrecido el director general de Planificación y Formación Profesional, Ricardo Almalé, este martes durante su comparecencia en las Cortes de Aragón en una sesión de la comisión de Educación a petición de Podemos. La propia consejera de Educación, Mayte Pérez, confirmó estas anomalías en el Parlamento aragonés el pasado abril, aunque este martes Almalé ha dado a conocer con detalle el resultado de las investigaciones que se llevaron a cabo por parte del Departamento.

Así, se produjo un incremento de 553 estudiantes con necesidades especiales en 26 centros docentes concertados de la capital aragonesa y se comprobó que en solo diez de ellos se habían establecido por parte de las escuelas medidas específicas para atenderles, tal y como establece el protocolo para este tipo de situaciones. A raíz de esta primera auditoría los propios establecimientos educativos eliminaron 52 diagnósticos. En una segunda intervención, los inspectores de Educación se centraron en 13 colegios privados en los que se concentraba un aumento de 295 alumnos. De ellos, se retiraron 188, siempre con el acuerdo de los centros, y en otros 107 se subsanaron los errores, algunos de ellos de forma.

Para evitar que estos problemas vuelvan a producirse, Ricardo Almalé ha comentado que, a partir de ahora, Inspección tendrá la última palabra para determinar el número de Acenaes, algo que dejó de hacerse en 2014 cuando el Partido Popular liberalizó el servicio de orientación en la enseñanza concertada. Los centros privados seguirán manteniendo sus propios equipos, pero todas las detecciones de este clase de alumnados necesitarán un informe de Inspección. Así se refleja en el decreto que regula la red integrada de orientación educativa que acaba de ver la luz.

Un Acneae se considera a aquel niño que requiere una atención diferente a la ordinaria y con más apoyos por algún tipo de discapacidad o trastorno grave de conducta, por altas capacidades intelectuales o por su incorporación tardía al sistema educativo español fuera de los plazos habituales. También se incluyen el retraso madurativo; los trastornos del desarrollo, la comunicación y el lenguaje; el desconocimiento de la lengua y la desventaja socio-educativa.

En su día, el sindicato CGT y Podemos fueron los que denunciaron la mala praxis en el registro de estos alumnos por parte de la concertada, que atribuyeron a una maniobra para evitar la reserva de plazas durante todo el curso para ellos, tal y como establecía por primera vez el decreto de escolarización para garantizar su matriculación equilibrada. La portavoz de Podemos, Erika Sanz, ha criticado en su intervención en las Cortes que persiste el “grave problema” de que el servicio de orientación sigue estando “privatizado” en los colegios concertados.

En el debate generado en las Cortes, PSOE y CHA han respaldado la actuación llevada a cabo por Educación. “No han sido errores involuntarios y no se ha puesto en solfa la profesionalidad de los orientadores. El tema es más profundo de lo que aquí se quiere simplificar”, ha asegurado la diputada socialista Margarita Périz.

Por su parte, PP, Ciudadanos y PAR han coincidido en achacar a las fuerzas de izquierda que se ha puesto el foco solo en la enseñanza concertada y que se ha cuestionado la profesionalidad de los orientadores que trabajan en ella, a la vez que han demandado más personal especializado. La diputada popular María José Ferrando ha reprochado a la formación naranja que se dedica “a defenestrar a unos profesionales y a convertir a los alumnos en meros números estadísticos”.

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