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Aragón

Más de 1.300 familias exigen a Educación que el nuevo servicio de comedor comience en septiembre

Educación intentará que desde principios de curso las empresas eliminen el plástico al calentar la comida y los padres podrán ir a comer dos veces al mes al comedor de sus hijos para valorar el menú.

S. Campo Actualizada 18/06/2018 a las 14:59
Los padres, esta mañana de lunes, a la entrada del Departamento de Educación donde han registrado los requerimientos.S. C.

La Plataforma por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad ha presentado este lunes en el registro del Departamento de Educación del Gobierno aragonés en Zaragoza un total de 1.305 requerimientos de familias de 15 colegios de la provincia que exigen que el nuevo servicio en los colegios zaragozanos empiece con el inicio del curso el próximo septiembre y no en enero de 2019 como se prevé en la licitación publicada el pasado viernes después dos años bloqueada. Además, critican que todos los criterios que se valoran en los pliegos de condiciones del contrato son económicos y que no se pone un límite de kilómetros en la ubicación de las cocinas centrales de las empresas de cáterin en las que se preparan los menús de los niños.

Una representación de la plataforma se ha reunido este lunes con el secretario técnico del Departamento, Felipe Faci, y el director general de Planificación y Formación Profesional, Ricardo Almalé. El portavoz de los padres, Pablo Alconchel, ha valorado positivamente el compromiso de la DGA de urgir a las empresas que actualmente se encargan de los comedores de línea fría para que a partir de septiembre las bandejas de plástico se sustituyan por las de acero inoxidable a la hora de calentar la comida. Esta mejora está ya incluida como una obligación para el futuro, aunque desde este colectivo se reclama que este material se elimine por completo en todo el proceso, incluidas las barquetas en las que se enfría para su congelación.

Además, Alconchel ha destacado que, aunque no se priman con puntos aspectos relativos a la calidad de los alimentos, sí se prohíbe utilizar en los menús pescados como el fogonero, panga, perca del Nilo y tilapia, además de eliminar la elaboración de los mismos con comidas precocinadas. Como aspectos negativos, ha criticado que no se tiene en cuenta la introducción de alimentos ecológicos y ha lamentado que “absolutamente” todos los aspectos que se valoran en los pliegos son económicos y que algunos de ellos profundizan en la privatización de este servicio, “como es el hecho de aportar personal para apoyar la gestión que actualmente se realiza en las secretarías de los centros públicos”.

Más mecanismos de control sobre la calidad

Un avance que ha destacado esta asociación es el compromiso de la DGA de enviar a todos los centros un protocolo con instrucciones sobre los comedores, en el que se contempla una mayor participación de las familias a la hora de controlar la calidad de los menús con una serie de cuestionarios que se rellenarán y remitirán a Educación periódicamente y la posibilidad de que algunos padres puedan comer puntualmente en las escuelas. Asimismo, en los colegios se constituirá una comisión de menús, integrado por miembros del equipo directivo, representantes de la firma que preste el servicio y miembros de la ampa (asociación de madres y padres de alumnos).

Por su parte, desde Educación se ha especificado que las familias podrán ir a comer dos veces al mes al comedor de sus hijos (pagando la cuantía correspondiente a esas comidas) y de esta manera, valorar los menús. Vía director del centro y consejo escolar, comunicarán las valoraciones e incidencias, si las hubiera, a la Administración.

El nuevo contrato afecta a cerca de 22.500 alumnos de 142 colegios de infantil y primaria y especiales de la provincia de Zaragoza. La licitación del servicio por parte de la DGA fue publicada el pasado viernes en el Diario Oficial de la Unión Europea, por un importe total de 35,3 millones de euros y un periodo de 18 meses, con el objetivo de que se ponga en marcha a principios de 2019. Esta licitación llevaba paralizada dos años y unos primeros pliegos para el contrato ya se publicaron en abril de 2017, aunque posteriormente los retiró el Ejecutivo autonómico aduciendo “razones técnicas”.

 

 





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