El TSJA tramita 13 recursos contra las multas por vertidos

No solo no tienen depuradora sino que además afrontan multas de la Confederación Hidrográfica del Ebro por verter sus aguas residuales a los ríos. Al menos 13 ayuntamientos han recurrido las sanciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ya que no se resignan a pagar por una infracción que no está en su mano resolver.

Solo en la provincia de Huesca, el servicio jurídico de la Diputación está prestando ayuda legal en este tema a Canfranc, Sallent de Gállego, Boltaña, Castiello de Jaca, Aínsa, Villanúa, Broto, Benasque, Panticosa, Valle de Hecho y Tierz. Los recursos contencioso-administrativos han ido llegando al TSJA en cascada y ahora están en fase de prueba. A algunos ayuntamientos ya se les ha requerido para aportar el proyecto de la depuradora, y también se está recabando información del Instituto Aragonés del Agua.

Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, asegura de que en caso de que la sentencia no sea favorable, reclamará el dinero al Gobierno de Aragón. La mediación del consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y de la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, ante el Ministerio de Medio Ambiente parece que ha evitado la apertura de más expedientes de infracción. En el caso del Pirineo, la DGA siempre ha defendido que no cabía sancionar porque las obras, de interés general, son competencia del Gobierno de Aragón y del Ministerio, que firmaron un convenio para ejecutar las depuradoras, aunque la mayoría están sin construir. "La CHE no podía reaccionar frente a la ausencia de las depuradoras sancionando a los ayuntamientos porque son víctimas de que las instalaciones no estén hechas", declaró Inés Torralba.

Si los recursos al TSJA no prosperan, la única forma de trasladar el importe de las multas al Gobierno de Aragón es a través de una petición de responsabilidad patrimonial, y eso "se analizará caso por caso", puntualizó Torralba, ya que no depende de una decisión política sino que interviene el Consejo Consultivo.

Por su parte, la Asociación de Entes Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) ya pidió al Gobierno de Aragón que se hiciera cargo de las nuevas autorizaciones de vertido, dando prioridad a los ayuntamientos sancionados, que habían sido requeridos para presentar la solicitud y el proyecto de la depuradora.

En una carta remitida a los alcaldes afectados, Adelpa les informó de que la DGA ha pedido expresamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro que antes de iniciar nuevos expedientes sancionadores le solicite información, ya que aunque la instrucción de los expedientes tenga que hacerse porque así lo dispone el procedimiento administrativo, "hoy en día es conocida por todo el mundo la situación especial en que se encuentran estos ayuntamientos", unas circunstancias sobrevenidas de la que no son responsables.