Los socialistas han alcanzado un acuerdo con Ciudadanos para rebajar el impuesto de Sucesiones a espaldas de CHA y de sus socios de izquierda, que ya les han advertido, al igual que el PP y el PAR, de que este pacto carece de la mayoría parlamentaria necesaria para sacarlo adelante. Ni unos ni otros respaldan una reforma fiscal que pretende bonificar al 99% las herencias de hasta 500.000 euros entre padres, hijos y cónyuges, independientemente del patrimonio que tengan los beneficiarios. El impacto estimado sobre las arcas públicas rondaría los 40 millones, una quinta parte de la recaudación del año pasado.

El encargado de hacer el anuncio fue el diputado de C’s en las Cortes Javier Martínez, quien desató este lunes las críticas del resto de partidos por el "fondo y las formas". De entrada, cuenta ya con el rechazo de CHA, que gobierna en la DGA con el PSOE, y los socios de Podemos e IU, mientras populares y aragonesistas se unieron a los reproches sin llegar a concretar su intención de voto. De unirse al resto de la izquierda, la reforma fiscal fracasaría, ya que PSOE y Ciudadanos solo suman 23 de los 67 diputados de la Cámara.

Lo único que está claro es que el Gobierno pretende llevar esta misma semana su proyecto de ley a las Cortes, para lo que podría incluso aprobarse este martes en el Consejo de Gobierno o convocar uno extraordinario. De este modo, será la primera vez que PSOE y CHA disientan tras tres años de coalición.

Lo que no está claro es si la propuesta entraría en vigor este año o se demoraría al próximo. Desde la DGA no quisieron pronunciarse, aunque sí aclararon que los que no pagan ahora el impuesto tampoco lo harán con la reforma, dado que el mínimo exento se quedaría en los actuales 150.000 euros para los que tengan un patrimonio de hasta 400.000.

El diputado de C’s consideró que con esta rebaja fiscal se suprimirá el impuesto a las clases medias, aunque la realidad es que solo lo pagan ya menos del 6% de los padres, hijos y cónyuges que heredan en la actualidad. De hecho, esta rebaja será limitada al beneficiar exclusivamente a las 1.237 personas de este grupo que recibieron un patrimonio entre 150.000 y 500.000 euros, mientras que lo seguirán haciendo los 167 contribuyentes que heredan grandes patrimonios. Los datos corresponden a 2016, la base utilizada para calcular el impacto de la reforma.

Martínez señaló que el acuerdo también elevará el mínimo exento en Donaciones, que pasará de 75.000 a 200.000 euros entre padres e hijos cuando el dinero vaya destinado a la adquisición de la vivienda habitual o cuando se done un inmueble con ese mismo fin.

En lo que respecta a la transmisión de empresas entre hermanos, de tíos a sobrinos o primos (los grupos tres y cuatro), se plantea igualmente una "mejora": si ahora tributan por el 70% del patrimonio recibido pasarían a hacerlo por la mitad.

La propuesta que Ciudadanos trasladó al Gobierno hace mes y medio pretendía bonificar el impuesto de Sucesiones hasta el millón, pero el acuerdo finalmente lo ha dejado en la mitad. De este modo, se logrará el objetivo de la DGA de dejar de ser la autonomía que más grava las herencias, una situación provocada tras el polémico ‘impuestazo’ que impuso el presidente Lambán en 2016.

Por su parte, el diputado socialista Alfredo Sancho justificó la reforma en la "alarma social" generada en Aragón y sostuvo, al igual que Martínez, que el impacto en la recaudación no afectará a la ciudadanía, al igual que los 25 millones que hay que recortar por incumplimiento el déficit de 2017. Para ello, vaticinó ingresos adicionales por la mejoría de la situación económica y de la aportación estatal de la financiación autonómica.

Críticas en bloque

El acuerdo fue criticado de forma unánime por el resto de partidos. Los primeros, los socios de gobierno de CHA, molestos por haber estado al margen de la negociación, lo que llevó a su portavoz, Gregorio Briz, a anunciar su voto en contra si se mantiene la propuesta. Además de tildar el acuerdo de "menú gastronómico" para comprobar cómo reacciona la izquierda y la derecha, confió en que se pueda "reconstruir" para no "desgastar la lealtad y confianza" de la alianza con el PSOE.

Los socios de investidura de Lambán también arremetieron contra el PSOE, pero sin romper los puentes. Tanto Nacho Escartín y Maru Díaz (Podemos) como Patricia Luquin (IU) coincidieron con Briz en defender la progresividad fiscal y alertaron del recorte de 65 millones en el gasto para equipamientos con la reforma y el incumplimiento del déficit. "Este acuerdo hace saltar por los aires la política de acuerdos presupuestarios y de inversiones que han de concretarse este año", dijo Escartín.

Mientras, Antonio Suárez (PP) y Elena Allué (PAR) tildaron el acuerdo de "electoralista" y consideraron que la rebaja es "insuficiente". Suárez acusó al presidente Lambán de querer "amarrar el sillón" de cara a las próximas elecciones si no suma con la izquierda, mientras Allué acusó a Ciudadanos de conformarse con "migajas", a diferencia de lo que pacta en otras autonomías.