Sabemos, y esto es lo que conmemoramos, que el Archivo de la Corona de Aragón se constituyó en Barcelona en 1318 como Archivo Real. Pero, para conocer los orígenes de este importantísimo depósito documental, que contiene línea a línea, legajo a legajo, tantos siglos de historia, debemos remontarnos más atrás y dirigir la vista a otros lugares. Los monarcas aragoneses tuvieron la necesidad de disponer, mucho antes del siglo XIV, de documentos que avalaran sus disposiciones y acreditaran sus posesiones y prerrogativas; por eso los conservaron en lugares emblemáticos del reino, en los que confiaban tanto para garantizar su custodia como para poder disponer de ellos con inmediatez cuando fuera preciso.

En Aragón, estos lugares especiales fueron los monasterios de San Juan de la Peña y Santa María de Sijena; ambos, panteones reales. Y así como del primero solo nos han llegado referencias aisladas en cuanto a su función como guarda de la documentación real, de Sijena tenemos más noticias: se trataba de un depósito muy nutrido, que se constituyó en el siglo XIII (la primera mención es de 1255 y para entonces ya existía), al frente del cual estuvo la poderosa priora; ella era la encargada de recibir los documentos, de preservarlos (en un arca) y de entregarlos cuando se lo solicitara el rey. Esta inicial sede del Archivo Real, que se hallaba en un punto central de los territorios de la incipiente Corona, custodió principalmente, según se deduce de los datos conservados, documentación referida a la relación con otros reinos hispánicos, a la conquista de Valencia y a cuestiones de carácter administrativo e incluso personal de los monarcas. Fueron muchos los escribanos y funcionarios reales que acudieron hasta este monasterio para, bajo la vigilante supervisión de la priora, entregar, llevarse o sacar copias de documentos. Esto fue así hasta 1308, en que Jaime IIordenó el traslado de todo aquel fondo a Barcelona.

En el Palacio Real

La administración de los cada vez más amplios territorios de la Corona creció en complejidad y volumen. La documentación generada por la cancillería determinó la decisión de crear un archivo estable en el Palacio Real de Barcelona. Jaime II había conocido, durante su estancia en Sicilia, las modernas prácticas que en ese reino se usaban para gestionar eficazmente los documentos. Era la época en la que comenzaba a hacerse común el uso del papel. Varios factores se aliaron, pues, para que, hace ahora setecientos años, se destinaran a Archivo Real dos salas en las que ingresó documentación antigua (la de Sijena, algunos fondos del condado de Barcelona, la que se conservaba en el propio Palacio Real y otros depósitos menores). En ellas se habilitó espacio para albergar los papeles relativos al rey y su familia, la contabilidad y tesorería, los procesos de Cortes, las cartas, las cesiones y donaciones de territorios y privilegios, la gestión de las nuevas tierras incorporadas a la Corona y las relaciones con otros reinos. Era, pues, un archivo personal, a la vez que de administración regia.

Pronto se estableció la práctica de anotar en libros de registro una referencia regular de los documentos recibidos y expedidos, para localizarlos con facilidad;y ya en el primer tercio del siglo XIV los documentos se copiaban íntegramente y de forma sistemática por los escribanos, que los organizaban por temas.

Inventarios y ordenanzas

Pedro IV avanzó en la organización del archivo como institución permanente y puso a su frente a un archivero: el primero, nombrado en 1346, fue el escribano Pere Perseya. Algunos años después, lo dotó de unas ordenanzas que regulaban tanto las funciones del archivo como las tareas que debían llevarse a cabo en él y cómo había que organizar su contenido;se dispuso la elaboración de inventarios e incluso de índices, herramientas, indispensable la una y utilísima la otra, para la localización de documentos.

Del siglo XV al XVIII

La documentación del Archivo Real afectaba de manera directa, como es lógico, a los súbditos de la Corona. Las Cortes de los diferentes reinos solicitaron al rey que se organizaran depósitos territoriales para guardar los registros que les correspondían en exclusiva. Así se creó en 1419 el Archivo Real de Valencia y, en 1461, el de Aragón, mientras que el Archivo Real de Barcelona siguió custodiando lo restante y los materiales relativos a Cataluña y los reinos de Mallorca y Cerdeña.

Esta organización decae a partir del reinado de Fernando el Católico: empiezan a espaciarse los envíos de registros a los archivos citados y, con los Austrias, los envíos todavía son más infrecuentes, y se suspenden en 1621.

Seguía acumulándose, sin embargo, documentación procedente de los lugartenientes reales y virreyes, por lo que el histórico archivo pasó a depender de la Real Audiencia.

Tras la Guerra de Sucesión, y con los decretos de Nueva Planta, acabó la vida del archivo, pues desaparecieron las instituciones que le aportaban documentación. Una real cédula de 1738 lo cerró a nuevas incorporaciones. Pasaba a ser un archivo histórico.

¿Para qué se guardaban los documentos?

A lo largo de toda la historia y hasta hoy, los documentos se han guardado para probar los hechos. En el Archivo de la Corona de Aragón, firmados por el rey, un notario y los testigos, eran comprobantes de los acuerdos, donaciones, concesión de privilegios, órdenes reales y todo tipo de disposiciones relativas a la vida del monarca y su linaje, la nobleza, los eclesiásticos y los pueblos de los amplios y dispersos territorios de su Corona. La primera noticia de la existencia de un archivo, nombrado con esta expresión por labios de un monarca, se produce en 1180, cuando Alfonso II, el primer rey de Aragón que fue conde de Barcelona, presentó en un contencioso varios documentos de la parte condal de su linaje para probar personalmente sus derechos sobre dos castillos cuya posesión se le disputaba.

Accesibilidad

El acceso a los documentos era inicialmente muy restringido. Se observaba un gran cuidado, un estricto control, para que nada saliese del archivo si no era con una orden del rey. Era muy costoso que los particulares obtuvieran copias de documentos que les afectaban. Desde 1481, sin embargo, el archivero estuvo obligado a mostrar y reproducir los documentos que le fueran requeridos; y desde 1599 habían de estar a disposición pública, para su examen, los libros de cabrevación (el deslinde de los campos sujetos a censos u otros pagos). El control sobre la documentación debió de relajarse a finales del siglo XVII, pues en 1702 fue necesario recordar la prohibición de sacar papeles del archivo, de cualquier clase que fueren, bajo ningún concepto.