El Gobierno de Aragón está “en disposición” de presentar una reforma del impuesto de Sucesiones en menos de los dos meses de plazo que le ha instado las Cortes, pero ahora condiciona su tramitación a disponer del “mínimo consenso” previo. Así lo asegurado este lunes el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, quien ha insistido en que son conscientes de que gobiernan en minoría y necesitan los apoyos necesarios para evitar que su tramitación se convierta “en un desastre”.

Gimeno ha lanzado este mensaje en una comparecencia monográfica en las Cortes sobre la reforma fiscal solicitada por PP, PAR y Ciudadanos, a los que únicamente ha reiterado que la propuesta se basará en la progresividad y beneficiará a un mayor número de contribuyentes. “Se va a ampliar las personas que no paguen”, ha dicho sin olvidarse de reclamar una vez más una armonización fiscal en toda España.

El consejero de Hacienda ha incidido en que la reforma fiscal es “fácil de abordar” sobre el papel, pero ha advertido de que afectará a los ingresos y de que Aragón sigue incumpliendo el objetivo de estabilidad y de la regla de gasto. En este sentido, ha señalado que la subida impositiva aplicada en 2016 se hizo precisamente para pagar la deuda y recuperar los servicios públicos.

El responsable socialista también ha adelantado que presentará el proyecto de ley sin esperar al dictamen de la comisión de estudio constituida en las Cortes sobre la reforma de Sucesiones. Eso sí, ha subrayado que lo hará si tiene los apoyos necesarios, por lo que ha hecho un llamamiento a todos los partidos a ceder para lograr un acuerdo que haga posible su aprobación.

Esta ha sido la única novedad reseñable en una comisión en la que los partidos han reiterado sus posturas sobre la anunciada reforma fiscal, de la que solo se conocen las reclamaciones de los partidos del centroderecha. Mientras populares y aragonesistas defienden una bonificación del 99% para las herencias entre cónyuges y padres e hijos, Ciudadanos plantea que el mínimo exento se eleve a un millón de euros para estos mismos grupos, siempre y cuando su patrimonio no supere el millón.

Gimeno no ha avanzado las líneas de su reforma fiscal más allá de decir que en el Gobierno son partidarios de que los que no pagan ahora sigan sin hacerlo, es decir, los que heredan hasta 150.000 euros y su patrimonio no supera los 400.000 euros. Y aunque dijo que pretenden elevarlo para beneficiar a un mayor número de contribuyentes, no apuntó siquiera una horquilla.

En cambio, ha resaltado que con la propuesta de la comisión nacional de expertos sí pagarían todos aunque fuera «poco», además de apostillar que con las bonificaciones aplicadas en la anterior legislatura por el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi, de hasta el 65%, las arcas autonómicas dejaron de recaudar 65 millones.

Recriminaciones de la oposición

El portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, ha recriminado una vez más al consejero que prepare una reforma fiscal por la «presión de la calle» tras haberse quedado «solos» y no por convencimiento de que su «subidón» de impuestos de 2016 sea «injusto». A su juicio, si la presentan será porque el Gobierno se ha visto con «la soga al cuello» y se ha dado cuenta de que la presión fiscal es su verdadero «punto débil». «Les importa un pito el objetivo de déficit», ha añadido.

El diputado popular no solo se ha limitado a criticar, sino que se ha comprometido a renunciar a plantear una sola comparecencia de expertos en la comisión de estudio sobre Sucesiones si la DGA llevaba «el primer día» su reforma fiscal para debatirla.

Su homóloga del PAR, Elena Allué, ha hecho extensivas las críticas a Ciudadanos por haber solicitado un informe sobre la aplicación del impuesto que, a su entender, «no aporta mucho» y solo ha retrasado cinco meses la reforma de Sucesiones. También cuestionó al PSOE por dejar a sus socios de izquierda en una situación «complicada» al acercarse a la formación naranja, que ve como posible aliada, con la reforma fiscal.

Y tras destacar que su partido siempre ha sido «muy beligerante» con el impuestazo, ha censurado la DGA que se saque ahora «de la chistera» una reforma cuando se acercan las elecciones sin concretar nada.

El diputado de Ciudadanos Javier Martínez se ha desmarcado al señalar que lo importante era modificar el impuesto y no la motivación que lleva al Gobierno a plantearla. No solo se ha quedado ahí, sino que ha arremetido contra PP y PAR por entender que solo quieren «seguir montando el circo» ante un informe «demoledor» sobre las consecuencias que ha tenido la reforma del Gobierno PSOE-CHA sobre las clases medias. Por ello, ha adelantado que no pararán hasta lograr que no tengan que pagar y ha reclamado sin éxito a Gimeno a aclarar si están dispuesto a bajar la recaudación entre 40 y 50 millones con sus propuestas para Sucesiones y Donaciones.

Mientras, Héctor Vicente (Podemos) ha señalado que no iba a entrar en el «juego enloquecido» de la derecha para hacer «regalos a los ricos», mientras Gregorio Briz (CHA) ha cargado contra «la patraña» de la derecha para atacar al Gobierno y beneficiar a las «familias» más adineradas. Por su parte, Alfredo Sancho (PSOE) ha puesto en duda la posibilidad de un acuerdo vista la «batalla de pimpampum» por ver «quién saca la cabeza» en el centroderecha.