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Aragón

La DGA probará si una Renta Básica ayuda a fijar población en el medio rural

Testará en 2.500 ciudadanos de pequeños pueblos si recibir esta ayuda que está en tramitación en las Cortes ayuda a mantener población.

Víctor MIllán Actualizada 21/11/2017 a las 11:41
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La lucha contra la despoblación en Aragón cuenta desde hace unos días con una nueva hoja de ruta. El Gobierno de Aragón presentó y publicó en el BOA la nueva Directriz sobre esta problemática. Un plan ambicioso con 380 medidas vinculantes para intentar revertir la pérdida de población en los municipios más pequeños.

 

Entre estas medidas -que se han aprobado sin una financiación concreta- se encuentran planes para fomentar el empleo, mejorar la distribución de servicios básicos o acabar con la 'brecha digital', y entre ellos también destaca un proyecto piloto para probar si la aportación de una Renta Básica a personas del medio rural ayuda a que fijen población.

La medida, que se incluye dentro del eje de propuestas económicas de la Directriz de Despoblación, tratará de probar mediante un proyecto piloto seleccionando a 2.500 ciudadanos de pequeños pueblos si recibir una renta extra hace que no se desplacen de sus municipios.

Esta renta que recibirán algunos ciudadanos del mundo rural, explican fuentes del Ejecutivo, será la misma que el Gobierno Autonómico ha denominado 'Renta Social Básica' y que actualmente está en tramitación en las Cortes de Aragón: una ayuda que está llamada a sustituir al anterior Ingreso Aragonés de Inserción y que se otorgará a personas sin suficientes recursos económicos para garantizar unos ingresos mínimos. La puesta en marcha del proyecto piloto está por lo tanto supeditada a la aprobación y aplicación de esta ayuda.

“Lo que se hará es que una vez se apruebe la Renta Social Básica y se elijan a los primeros perceptores se tomará una muestra de ellos en el medio rural y se les hará un seguimiento específico para ver cómo puede ayudar a que se mantengan en su municipio”, explican fuentes del Departamento de Vertebración y Territorio.

No se trata de una Renta Universal pura ni de “una ayuda por irse a vivir al pueblo”

De este modo, a pesar de estar denominada y aprobada en la Directriz como 'Renta Básica Universal' no se tratará según concretan fuentes del Ejecutivo de testar en Aragón modelos que ya se están probando en países como Finlandia u Holanda. En estos países se están llevando a cabo proyectos en los cuales se entrega a un grupo de ciudadanos lo que se denomina Renta Universal -un dinero que pagaría el Estado a los ciudadanos por el mero hecho de serlo- en el debate económico y sociológico sobre si cada persona, ante un contexto laboral que tiende a la robotización y la destrucción de empleo, debería recibir pagos de este tipo sin ninguna restricción.

El debate sobre lo que sería una Renta Básica Universal también sobrevoló España por ejemplo en 2014, cuando Podemos, entonces recién fundado, llevaba esta propuesta en su programa electoral para las Elecciones Europeas. El propio partido morado acabó dejándola a un lado poco después dada la imposibilidad económica, al menos con el actual marco fiscal, de llevarla a cabo. Un estudio de BBVA Research estimó este año que una renta así costaría a España prácticamente el 17% de su PIB.

Pese a esto, del debate tanto en España como en el marco aragonés sigue vigente. Sin ir más lejos, hace unos días tuvo lugar un simposio sobre esta hipotética medida en Zaragoza al que acudió el alcalde Pedro Santisteve o la Presidenta de las Cortes Violeta Barba y en el que se organizaron varias mesas de debate sobre esta cuestión.

Sobre la Renta Social que el Gobierno de Aragón espera aprobar una vez acabe su tramitación en las Cortes, el proyecto inicial planteaba dos ayudas, una para personas con empleo pero que no llegan al salario mínimo interprofesional y otra para personas en paro que podrían ir de los 622 a los 753 euros en el caso de una familia de dos miembros. Unas sumas que no obstante están pendientes de la aprobación de enmiendas en las Cortes.

Este dinero será también el que reciban los 2.500 ciudadanos rurales seleccionados para el proyecto contra la despoblación, una ayuda que según reiteran desde la DGA, “no será por vivir en el pueblo o por irse a vivir al mundo rural, sino para personas en situación de desprotección que ya residan en estas zonas”.

 

 





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