El Gobierno de Aragón pone en marcha un plan con 380 medidas vinculantes con el objetivo de igualar las condiciones de vida y las oportunidades económicas entre los pueblos y las ciudades para frenar la despoblación, "el principal problema de la Comunidad", según del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro. El documento, la directriz especial de Política Demográfica, fue presentado ayer en Teruel ante representantes institucionales y de los agentes sociales.

La directriz organiza las medidas de acción contra la despoblación en 15 ejes que abordan cuestiones demográficas, de estímulo económico, de prestación de servicios y de gestión administrativa. Entre las primeras medidas a desarrollar, figura la creación en 2018 de un Fondo de Cohesión que se invertirá primando a las comarcas más deprimidas. Soro, que no precisó la cuantía de este mecanismo de financiación, explicó que se repartirá en función de un "índice de desarrollo territorial"pendiente de asignar a las distintas demarcaciones comarcales.

Entre las acciones prioritarias, destaca la extensión de una buena cobertura de internet a todo el territorio. El consejero resaltó la mejora de la movilidad en el medio rural y la generalización de la banda ancha como claves para asentar población. El director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, remachó que reducir la "brecha digital" entre el campo y la ciudad es decisivo.

El plan contra la despoblación arranca con medidas para fomentar la creación de empleo, pero el consejero advirtió de que generar puestos de trabajo no es infalible porque se dan muchos casos de residencia lejos del tajo. La directriz aboga por incrementar la presencia de profesionales sanitarios en el medio rural, incrementar la telemedicina, mejorar el transporte escolar e introducir los medios telemáticos en la enseñanza para igualar las prestaciones públicas con la ciudad.

La directriz plantea fomentar el empleo femenino, estimular el mercado de la vivienda de alquiler, adaptar las casas a las necesidades de los dependientes, proteger el paisaje, un tratamiento fiscal preferente y simplificar los trámites administrativos, entre otras acciones. Resalta también las posibilidades de actividad económica derivadas de la creciente presencia de personas mayores en los pueblos.

El consejero dio una importancia crucial a sensibilizar sobre las oportunidades y ventajas del medio rural, donde afirmó que existen condiciones para una vida "plena". A su juicio, se impone desterrar "el pesimismo y el victimismo" para sustituirlos por una postura "positiva y proactiva". José Luis Soro explicó que algunas medidas son de aplicación inmediata, aunque la mayoría se concretarán en un Programa de Gestión Territorial que se prevé aprobar en el otoño de 2018 y que fijará gestores, financiación y responsables de cada acción.

Advirtió, no obstante, de que la "estrategia" contra la despoblación "no dará resultados en seis meses" sino que sus frutos se verán "a largo plazo". Resaltó, no obstante, la bondad de las medidas, recopiladas tras un largo proceso de participación ciudadana y que conforman "el instrumento más avanzado y completo de Europa" contra la regresión demográfica del medio rural. Respecto a la dotación económica, insistió en la necesidad de conseguir fondos europeos contra la despoblación y en revisar el sistema de financiación autonómico, que es una "fábrica de despoblación"al primar el número de habitantes sobre cualquier otro criterio.

Los agentes sociales se mostraron cautelosos ante la directriz, sobre todo por su indefinición financiera. El vicepresidente de CEOE-Teruel, José Antonio Guillén, dijo compartir "plenamente" los objetivos, pero señaló que todo dependerá de la eficacia al aplicar las medidas contempladas. A su juicio, muchas acciones caen en la indefinición y "hay que concretar más la financiación".

La secretaria general de CC.OO. en Teruel, Pilar Buj, recibió "con cautela y expectación" la directriz, cuyo impacto dependerá de "las partidas que se destinen a aplicarla y que, de momento, se desconocen". La sindicalista dijo que junto a la implicación social son necesarias las infraestructuras públicas. Recalcó, no obstante, la necesidad de actuar contra la despoblación "porque, si no, Teruel se muere".

El alcalde de Bea, Víctor Nuño, criticó en el turno de preguntas las trabas burocráticas que frenan iniciativas locales. Su homólogo de Escucha, Javier Carbó, consideró vital un "cambió social" que "ilusione" a vivir en los pueblos. El exalcalde de Valbona Víctor Sanz alertó de la falta de viviendas de alquiler y de la aplicación de leyes aprobadas sin tener en cuenta la situación de los pueblos. "En Valbona hay 275 viviendas, de ellas 60 ocupadas, y la oferta de casas en alquiler es cero", dijo.

El consejero admitió que un nuevo plan contra la despoblación puede generar "escepticismo", pero señaló que la directriz es "la última oportunidad" de invertir la tendencia a la desertización del medio rural aragonés.