La paciencia tiene un límite y la de Aragón se ha superado con creces en el conflicto por el arte sacro de Sijena. La última maniobra catalana para incumplir el mandato judicial que le obliga a devolver las 44 piezas del monasterio aún retenida en el Museo de Lérida ha llevado a pasar a la acción a la DGA, indignada como todos los partidos aragoneses. Fuentes oficiales aseguraron ayer a este diario que si la consejería de Cultura no recibe el plan de traslado de las obras el próximo lunes, tal y como ha exigido la juez a la Generalitat, "a primera hora" del día siguiente pedirá oficialmente que la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial entre al Museo de Lérida para incautarse de las piezas.

El Gobierno aragonés no va a esperar siquiera a que venza el plazo del día 31, la fecha límite establecida por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huesca, Carmen Aznar, para que Cataluña envíe las piezas de arte. Pretende que se intervenga de inmediato, consciente de que el pasado verano ya se incumplió el mismo requerimiento judicial.

El nuevo consejero catalán de Cultura, Lluis Puig i Gordi, se excusa en que acaba de tomar posesión del cargo para incumplir de nuevo el plazo de entrega y ha solicitado a la juez más tiempo "para poder estudiar a fondo el asunto y buscar la mejor forma de dar cumplimiento al requerimiento". E insta a que se tenga en cuenta su reciente nombramiento "respecto al apercibimiento" sobre las consecuencias de la desobediencia del auto, que le podría llevar a enfrentarse a un proceso penal por los delitos de desobediencia y apropiación indebida.

Ante el desafío de la Generalitat, los servicios jurídicos de la DGA darán hoy un primer paso con la impugnación del nuevo recurso de la Generalitat a la devolución de las 44 obras.

El presidente aragonés, Javier Lambán, exigió ayer al consejero catalán que cumpla la ley para que no sea necesario "el recurso a la Policía para que los bienes vuelvan a Sijena". Lamentó que Puig i Gordi, que describió como "uno de los elementos más sensatos del Gobierno catalán", se haya visto obligado por "circunstancias extraculturales y extrajudiciales" a oponerse a la devolución. "No tiene otra explicación que la sinrazón y la insansatez en la que está instalada la Generalitat", añadió.

Lambán se mostró "absolutamente convencido" del cumplimiento "expeditivo" de las sentencias que dan la razón a Aragón y reiteró que se recurrirá a la Policía "si los amigos de Cataluña no están dispuestos a devolver los bienes". "No es agradable para nadie, pero es el procedimiento que la ley establece", concluyó.

Cierre de filas

Los partidos aragoneses cerraron filas a la hora de reclamar la ejecución de la sentencia, sin dejar de lado la petición de "contundencia a la DGA" ante la actitud de las autoridades catalanas.

El popular Antonio Torres consideró que no hay excusas que valgan para incumplir las resoluciones y que la última esgrimida por la Generalitat es "totalmente infantil". Por ello, planteó a todas las instituciones implicadas que reclamen la ejecución de la sentencia y no dejen de lado ningún resorte jurídico para exigir las obras expoliadas. "Se han emitido varios apercibimientos y no caben más dilaciones. El Gobierno catalán tiene que estar sometido al Estado de derecho y al cumplimiento de las sentencias", afirmó.

La diputada de Podemos Amparo Bella tildó de "lamentable" que la Generalitat no acate las sentencias, sea "rehén de los sectores más intransigentes" y se apropie de una patrimonio que, dijo, "es de todos y tiene que estar en su lugar de origen". En su opinión, falta cordura y diálogo para conseguir solventar un "conflicto político", aunque insistió en que los mandatos judiciales deben respetarse.

Por su parte, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, aseveró que Cataluña no tiene "nada que estudiar" sino acatar lo que pide la Justicia, por lo que exigió al consejero de Cultura que se deje de "tactismos" y cumpla. "Los plazos judiciales son los que son y no están para tomarlos por el pito del sereno una y otra vez", agregó.

El diputado de Ciudadanos por Huesca, Jesús Sansó, lamentó la "falta de respeto" de la Generalitat, instó a la juez a garantizar el cumplimiento de la sentencia y, de paso, cuestionó que otros partidos políticos defiendan lo contrario en Cataluña, aludiendo directamente a la resolución apoyada por PP y PSOE hace un año en el Parlament, que incitaba al desacato de la sentencia que obliga a devolver los bienes de Sijena.

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, criticó que el Gobierno catalán busque "excusas" para no cumplir la ejecución provisional del fallo que le obliga a devolver "de una vez" las 44 piezas retenidas. Aunque su partido forma parte del Gobierno autonómico, se sumó al resto de partidos a la hora de pedirle que haga "lo necesario" y utilice "todos los instrumentos a su alcance y que le da el Estado de derecho" para lograr el retorno de los bienes.

La misma "contundencia" se la reclamó la diputada de IU, Patricia Luquin, quien planteó la necesidad de la negociación política, sin obviar la petición a la Justicia de que ponga "los medios necesarios para hacer efectivas las sentencias".