La DGA, condenada a pagar las costas del proceso judicial contra un colegio concertado
El colegio San Antonio de Padua presentó un recurso por la reducción de un aula en Infantil. Finalmente, el Gobierno de Aragón decidió no cerrar ninguna vía de este centro.
La magistrada del juzgado Contencioso nº 4 de Zaragoza ha condenado al Gobierno de Aragón a pagar las costas del proceso judicial iniciado por el colegio San Antonio de Padua tras la primera proposición de cierre de aulas. En concreto, la juez ha impuesto un límite de 700 euros y la posibilidad de presentar un recurso de apelación en el plazo de 15 días.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la juez ha declarado terminado el procedimiento para la protección de los Derechos Fundamentales de la persona. Este fue abierto tras el recurso presentado por el colegio San Antonio de Padua contra la resolución del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza que determinaba el número de vacantes que se podían ofertar en el mencionado centro concertado para el curso 2017-2018
El pasado 24 de mayo el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza presentó un escrito en el que solicitaba el archivo de las actuaciones por haberse producido la satisfacción extraprocesal de las pretensiones de la parte recurrente, ya que al mencionado centro se le renovaban las mismas aulas que tenía durante el curso 2016-2017.
Matiza la magistrada en su auto que no se trata tanto de que se haya producido una satisfacción extraprocesal, sino que el concepto es el de "desaparición sobrevenida del objeto", es decir, que la renovación del concierto educativo se hizo coincidiendo con las pretensiones de la parte demandante, lo que deja sin efecto el objeto de la presente contienda judicial, debiendo procederse sin más trámites al archivo del presente procedimiento.
