Aragón

​Ganaderos y DGA buscan dar salida a un problema muy feo: los purines

El Supremo da la razón a las plantas que cerraron por los recortes de ayudas en 2014. Mientras, la DGA negocia reactivar las plantas públicas que nunca se pusieron en marcha.

ADAP rechaza el transporte de los purines para su aplicación como fertilizante en cultivos
Heraldo

Tras más de dos años cerradas, las plantas de cogeneración de energía a través de purines y otros residuos animales volvieron a revivir la semana pasada después de que una sentencia del Tribunal Supremo rechazara el recorte en las subvenciones que habían recibido y que las llevó al cierre.

El Tribunal tuvo en cuenta un recurso de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental del Purín (ADAP) en contra de la reducción del 40% de las primas que recibían por parte del Ministerio de Industria, y sin las que, como se demostró con su cierre, no podían seguir funcionando.

En Aragón existían cuatro de estas plantas privadas que llevaban al extremo aquello de que del cerdo se aprovecha todo. Se encontraban dos en Monzón, otra en Fonz y una última en Altorricón y solo ellas trataban un total de 300.000 metros cúbicos de purines al año dando servicio a entre 100 y 250 explotaciones cada una.

Además, la DGA lleva desde 2009 con cuatro infraestructuras públicas del mismo tipo paradas, que en este caso se encontraban en los municipios de Zaidín, Capella (ambas en Huesca) y Valderrobres y Peñarroya de Tastavins (en Teruel). Solo las dos de Teruel costaron más de 14 millones de euros, y únicamente se va a abrir en los próximos meses la de Peñarroya, de propiedad compartida entre DGA y el Ayuntamiento, donde esta última institución ha conseguido encontrar una empresa interesada en transformar los desechos en fertilizantes. La otra pata del proyecto, pensada para la generación de biogás, no tiene visos de ponerse en marcha.

Desde entonces, los ganaderos han ido ingeniándoselas para distribuir sus excedentes de purín como abono. Aragón genera, según los cálculos que manejaba la DGA cuando se pusieron en marcha las plantas hoy cerradas, cerca de 50.000 toneladas de purines al año. Una cantidad que podría ser absorbida por la tierra si se repartiera por todo el territorio, pero que cuenta con la problemática de que en Aragón existen varias zonas de alta concentración ganadera donde se hace muy difícil distribuir de forma adecuada sin aumentar los costes.

La cuestión no es menor porque el exceso de nitratos que puede producir una mala distribución de estos residuos o su filtración durante la lluvia lleva años trayendo problemas a varios municipios. Una de estas zonas es la comarca del Matarraña, y en concreto, el río Tastavins, en el que un estudio de la fundación Ecología y Desarrollo realizado el año pasado detectó que los niveles de nitratos superaban el límite permitido desde el año 2012, achacando fundamentalmente este problema a la gran concentración ganadera y el uso masivo de abonos nitrogenados. Como consecuencia, municipios como La Portellada han estado años manteniendo limitaciones a la hora de contar con agua de boca que solo se han podido superar tras realizar importantes inversiones.

Ahora, sin embargo, y fruto de esta sentencia, los ganaderos esperan que las plantas vuelvan a abrir en un tiempo de ser acatada por el Gobierno.

“Las plantas eran de gran ayuda porque en días de lluvia o cuando había excedentes sabías que estaban allí. Desde entonces, nos hemos ido organizando con planes rotatorios para distribuir los desechos animales como abono, pero hace falta, cuanto menos, otras infraestructuras que los depuren para crear abonos orgánicos de calidad.”, señala José Luis Lavilla, presidente de la Asociación Pecuaria de Huesca y portavoz de Asaja en materia porcina.

Lavilla cuenta con una explotación en La Litera, otra de las zonas junto con el Cinca Medio donde, con más de 400 explotaciones de porcino, la gestión de los purines también podría crear problemas a medio plazo.

La DGA trata de sacar adelante sus plantas públicas

Ante este problema sin resolver, y que también afecta directamente a la reputación de un sector como el porcino que genera más de 10.000 puestos de trabajo en Aragón (y que ya está generando algún rechazo en varios municipios, como es el caso de Loporzano), la DGA también se ha puesto manos a la obra para intentar sacar de su eterna hibernación a las plantas públicas que no han abierto sus puestas. En la actualidad se están manteniendo contactos con inversores interesados en gestionar las otras tres plantas públicas que siguen inactivas, según explican fuentes del Departamento de Desarrollo Rural. Tampoco, como en el caso de Peñarroya de Tastavins, se usarán para generar energía, pero sí como centro de conversión de purines en abonos y fertilizantes orgánicos.

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