Algo ha pasado con los llamados contratos para la formación y el aprendizaje: en lo que llevamos de año se han desplomado severamente a nivel nacional. Las cifras hablan por sí solas. Si entre enero y mayo de 2015 se firmaron 66.073 contratos de este tipo, este año, en el mismo periodo de tiempo, se han constituido 15.690. Son datos oficiales, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En Aragón, las estadísticas indican que la bajada no ha sido tan descomunal, pero también se ha notado: de los 725 contratos firmados el año pasado en los cinco primeros meses del año se ha pasado a 441. Esta cifra supone el menor registro desde el año 2011 y representa la primera bajada de la tasa interanual desde 2012.

Pero, ¿qué ha motivado esta caída? Las reglas del juego las ha cambiado una orden del Gobierno central, aprobada el año pasado, que modificaba la reforma laboral de 2012 (la ley 3/2012) y cuyos efectos empezaron a hacerse efectivos el 1 de enero de 2016. Los efectos que ha provocado el cambio normativo son valorados positiva o negativamente dependiendo de a quién se le pregunte.

Los centros de formación sostienen que se han puesto muchas trabas para las empresas y esto ha provocado que dejen de mostrar interés en esta modalidad de contratación. La Asociación Española de Centros de Formación Profesional para el Empleo (AECFE), una organización empresarial de carácter estatal que promueve y defiende los intereses de entidades que imparten estas enseñanzas, sostiene que la orden eliminó la formación a distancia de los certificados de profesionalidad imponiendo una cuota de teleformación que exige que una parte de las horas se impartan de modo presencial. Así, explican que ahora, cualquier empresa interesada en contratar trabajadores en régimen de formación, debe tener un acuerdo con un centro acreditado que imparta estos nuevos certificados. Además, el trabajador tiene que recibir las clases presenciales. A la empresa le quedan entonces dos opciones: colaborar con un centro que imparta las clases presenciales, algo que necesita de unos trámites burocráticos; o acreditarse ella misma para impartir esta formación, por lo que tendrá que habilitar un espacio y poner los medios adecuados. Según la AECFE, estas circunstancias no interesan a las empresas (mayoritariamente micropymes que podrían contratar "a una o dos personas") porque no estarán dispuestas a "invertir dinero, esfuerzo y medio año de su tiempo", según Patricia García, presidenta de esta asociación.

Los sindicatos, por su parte, explican que la nueva normativa ha introducido mejoras encaminadas, sobre todo, a evitar el fraude con este tipo de contratos, algo que era generalizado. "La última reforma laboral había eliminado por completo los pocos mecanismos de control de estos contratos que había, por eso se dispararon", explica Manuel Pina, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.). "Con el cambio introducido este año se recupera cierto control", añade Pina, que apunta que este tipo de contratos de formación "están muy bien en teoría, pero en la práctica fallan: si no se controlan, son un nido de fraude". 

Para el secretario de CC.OO. la caída de las contrataciones está vinculada a esta mayor fiscalización que, aunque valora positivamente, considera que podría ser incluso mayor. "La ley permite que el tutor de las prácticas sea una persona de la propia empresa. Nosotros apostamos porque eso desaparezca y la tutorización sea externa. Por ejemplo, que la lleven a cabo los propios profesores del centro de referencia del alumno", explica. El fraude más común era que las personas a las que se les hacía este tipo de contrato de formación, en realidad, eran tratados como un trabajador más. 

Apuesta aragonesa

La competencia de la contratación en esta modalidad es de las comunidades autónomas. Aragón ha apostado decididamente en los últimos años por la Formación Profesional (FP). Este mismo jueves, por ejemplo, se anunció que la DGA y el Clúster de la Automoción de Aragón (CAAR) trabajarían por potenciar la formación de estudiantes, trabajadores, profesorado y desempleados. "En un año hemos más que duplicado la oferta de FP Dual. Además, hemos eliminado las tasas de matrícula de los grados superiores, que el Gobierno anterior impuso y suponían una traba en el acceso", dijo Javier Lambán desde el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón (CIFPA), instalaciones desde las que se hizo el anuncio.

Según datos del Gobierno de Aragón, en la Comunidad hay cerca de 20.400 alumnos cursando una FP en sus tres variantes (grados superior y medio y FP Básica). En total hay 23 familias profesionales, a las que el próximo curso se sumarán 14 ciclos nuevos (cinco de FP Básica, cinco de grado medio y otros cuatro de grado superior) y 43 proyectos de FP Dual.