PSOE y CHA incumplen su promesa y postergan la ley de Capitalidad hasta 2017 o 2018
El nuevo plazo está recogido en el plan de gobierno de la DGA. Lambán garantizó a Santisteve que estaría este semestre.
La ley de Capitalidad amenaza con seguir siendo motivo de enfrentamiento entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. Según figura en el plan de gobierno que hizo público ayer el Ejecutivo PSOE-CHA, la citada normativa, así como las medidas para mejorar la situación de la mancomunidad central de Zaragoza, quedan postergadas para el bienio 2017-2018. Este plazo entra en contradicción con la promesa que hizo el presidente del Gobierno, Javier Lambán, al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve: una nueva ley en el primer semestre de este año.
El plan de gobierno, exigido por la ley de transparencia y que incluye la planificación del Ejecutivo para los cuatro años de legislatura, detalla los proyectos de cada una de las consejerías, en gran medida de carácter legislativo. Aunque el cronograma es revisable durante la legislatura, respecto a la ley que definirá el marco competencial y económico de Zaragoza ciudad, los nuevos plazos suponen un jarro de agua fría para los intereses municipales, que esperaba lograr con esta norma un fondo de capitalidad de al menos 25 millones de euros anuales para financiar sus competencias. La DGA, hasta ahora, no había hecho ninguna promesa económica a la espera de la negociación.
También entra en contradicción con la negociación del presupuesto con sus socios de Podemos, IU y CHA, que habían exigido fondos para la capital. Las cuentas de este año disponen de una partida ampliable de 500.000 euros para que la normativa tuviera una mínima dotación en el momento de su entrada en vigor.
El conflicto de la capitalidad se suma a las deudas pendientes que mantienen las dos administraciones, especialmente a los 25 millones que el Ayuntamiento reclama por las obras del tranvía, o al pago del impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA), que se empieza a aplicar este ejercicio en la ciudad. Capítulo aparte es el de las competencias impropias que presta el Consistorio.
Arquitectura institucional
Además de la ley de Capitalidad, el plan de gobierno cita otras cuestiones vinculadas a la arquitectura institucional de Aragón. por ejemplo, deja un plazo máximo de tres años para establecer el régimen de financiación de las entidades locales garantizando la suficiencia de las haciendas locales. La delimitación competencial de la comunidad debería estar definida entre 2016 y 2017 y la modificación de la ley de Administración Local se retrasa hasta 2017 y 2018. El proyecto de ley de modificación del texto refundido de la ley de Comarcalización de Aragón se tramitará en los próximos dos años y contará con la colaboración de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.