La consejera de Educación, en la piel del estudiante

La implantación del plan Bolonia en las universidades españolas trajo muchas novedades, incluida una que genera nervios y noches de insomnio en muchos estudiantes: el Trabajo de Fin de Grado (TFG). Este trabajo –equivalente a la tesina en los antiguos planes de estudio– implica llevar a cabo una investigación, con ayuda de un profesor-tutor, y defenderlo ante un tribunal de docentes universitarios. Es la última barrera que separa a los universitarios de conseguir el ansiado título y salir a buscar empleo como egresados.

Por eso, la facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la capital aragonesa presentaba ayer sus pasillos llenos de ajetreados alumnos que, papeles en mano, apuraban los últimos minutos antes de su defensa ante el tribunal. Y, entre ellos, la consejera de Educación Mayte Pérez, que defendió su TFG en el grado de Trabajo Social.

La titular del ramo tenía una diplomatura y un máster en este campo, pero cuando vio el curso de adaptación al grado lo consideró "una oportunidad" y decidió apuntarse. "Luego me pilló de golpe todo lo del departamento, así que lo he ido preparando en los ratos libres", confesó Pérez.

Con este curso, los interesados deben completar tres asignaturas, un par de trabajos prácticos y el mencionado TFG para conseguir el título, algo que, de este modo, se puede conseguir en un año –en lugar de los cuatro que costaría llevar a cabo la carrera desde el principio–.

"Es muy interesante testar en primera persona el sistema, ponerse en la piel del alumno", afirmó la consejera, que no descartó continuar sus estudios con un doctorado ahora que concluye esta etapa. "Hay que formarse constantemente en este momento de cambio de modelo de crecimiento y productivo y en el que la educación es transversal. A mí me apetece seguir", resumió.Un trabajo ligado a Aragón

La investigación de la consejera de Educación se centró en el estado y evolución de la protección aragonesa en la última década (2003-2013). Para ello, abordó aspectos concretos como el plan concertado o el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). "Me interesé en esa época no solo porque hubo cambios de gobierno sino porque fue también cuando se produjo la crisis económica", explicó Pérez.

De su ‘buceo’ entre las montañas de cifras y documentos llegó a la conclusión de que la crisis ha afectado "muchísimo" a las partidas presupuestarias destinadas a la protección social en Aragón. "He intentado ser objetiva, pero los datos son tozudos", recalcó. "Por ejemplo, el plan concertado, que es mixto entre los ayuntamientos, el Ministerio de Sanidad y la DGA, tuvo un aumento de la aportación entre 2009 y 2010 del 5%. No obstante, entre 2011 y 2013 cae con el cambio de gobierno".

A falta de saber la calificación, ya se lleva algo de la experiencia. "He disfrutado y, además, ahora soy más objetiva en mis decisiones, más racional", afirmó antes de entrar al seminario número 5, donde le esperaba el tribunal universitario.