Varias decenas de agricultores y ganaderos turolenses, en su mayoría miembros de la plataforma Agrigate, se han plantado en la Feria Internacional de Producción Animal, Figan, para exigir a las autoridades autonómicas igualdad en el cobro de las ayudas del sector.

Aunque en un principio la Guardia Civil les ha impedido el paso al interior de la Feria, donde se encontraba la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, con motivo de la inauguración del certamen, finalmente han podido acercarse hasta los pabellones que recorría la comitiva.

Mientras unos agricultores aplaudían otros abucheaban a las autoridades, un "doble lenguaje" con el que han querido poner de manifiesto la actitud del Gobierno de Aragón que a pesar de que en las Cortes autonómicas han respaldado que se unifiquen todos los estratos agrarios para equiparar las ayudas que reciben los agricultores de la provincia de Teruel y el sur de Huesca con los del resto de Aragón, de momento no han solicitado a la UE el cambio.

Así lo han explicado Miguel Ángel García Sánchez, un agricultor de Tornos, y Manuel Gambaro, miembro de Agrigate, quienes consideran una "injusticia que desde hace veinte años los de Zaragoza cobren más que los de Teruel".

"Por dignidad y justicia queremos ser iguales" ha exigido Gambaro, quien ha advertido no obstante que no quieren que al resto de agricultores se les quite nada sino "cobrar igual".

Los manifestantes también han calificado de "desproporcionada" la presencia de Guardia Civil para controlarles "dos agentes por cada agricultor", han denunciado, a pesar de que, han asegurado, "somos gente pacífica".

De hecho, los agricultores ni han coreado eslóganes ni han lucido pancartas y el único elemento identificativo eran unas gorras rojas y una camiseta oscura con el logotipo de Agrigate como signo identificativo del grupo, que además se encontraba disperso por la feria.

Miguel Ángel García Sánchez ha recordado que el próximo mes una delegación de agricultores turolenses viajará a Bruselas para presentar una denuncia por la "discriminación" que aseguran que sufren.