El juez del Juzgado de Instrucción número tres de Teruel dictó ayer prisión eludible con una fianza de 50.000 euros para la farmacéutica de la localidad turolense de Peñarroya de Tastavins, Amparo B. Su botica, al igual que las de Monroyo –tambien en Teruel– y las de Cariñena y Aguilón –en la provincia de Zaragoza– fue precintada el pasado fin de semana por la Guardia Civil por su presunta relación con una trama de reventa de medicamentos que habría defraudado una importante cantidad de dinero al Gobierno aragonés. 

El magistrado, que ha acordado el secreto de sumario sobre las actuaciones, tomó ayer por la mañana declaración a los titulares de las cuatro farmacias cerradas y al ayudante de uno de ellos, pero solo Amparo B. fue enviada a prisión mientras que el resto quedó en libertad, si bien con cargos. Al parecer, el juez encontró mayor gravedad en la actuación de la farmacéutica de Peñarroya de Tastavins, al tiempo que quiere salvaguardar aquellos datos y pruebas que pudieran arrojar luz sobre el asunto. De hecho, solo ratificó el precinto de esta botica por lo que las tres restantes podrían volver a abrir sus puertas pronto.

No obstante, la farmacéutica de Peñarroya de Tastavins, que tiene un bebé de solo tres meses de edad, no llegó a ingresar en prisión al abonar la fianza. Su abogada, Nieves Madero, criticó que su defendida, detenida el pasado viernes, pasara todo el fin de semana en los calabozos, lo que obligó a sus familiares a llevarle a su hijo cada pocas horas para que pudiera amamantarlo. "Ha sido una medida excesivamente dura", dijo la letrada.Indicios sin confirmar

Rafael Ariza, el abogado del farmacéutico de Cariñena, explicó que su cliente quedó en libertad  al no haberse confirmado los indicios que hablaban de que hubiera cometido un posible fraude a la Seguridad Social. "No es verdad, no hemos hecho perder ni un euro a la Administración", aseguró. El letrado indicó que lo único que podría apreciar la Justicia es alguna irregularidad administrativa en el sistema de compra y venta de medicinas, motivado, en todo caso, por la complejidad de la normativa farmacéutica.

El cierre de las cuatro farmacias y la detención de algunos de sus titulares se produjo a consecuencia de la investigación abierta el pasado mes de mayo en la botica de la localidad turolense de Palomar de Arroyos, dentro de la operación policial conocida como Pharmakón. Desde entonces, este establecimiento permanece precintado y su responsable, Amparo Armiñana, cumple prisión preventiva bajo la acusación de que pudiera haber vendido medicinas a través de una parafarmacia en Valencia después de haberlas cobrado, presuntamente, al Departamento de Salud del Gobierno aragonés. 

Sin embargo, tanto la abogada de la farmacéutica de Peñarroya, Nieves Madero, como el defensor del boticario de Cariñena, Rafael Ariza, negaron cualquier conexión entre las oficinas de sus clientes y la de Palomar de Arroyos. 

La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número tres de Teruel pretende esclarecer si los farmacéuticos cometieron falsedad o estafa al sistema sanitario o, en todo caso, algún tipo de delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social."El sector está ahogado"

Preocupado por el cierre de las farmacias y las consecuencias que esta medida pueda tener para los usuarios, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Teruel, Ángel Resa, acudió ayer al Juzgado para preguntar al juez cuánto tiempo podría prolongarse el precinto de los establecimientos. "Debemos planificarnos y para ello tengo que ser informado", dijo. Resa mostró su desaprobación hacia "cualquier práctica ílicita" por parte de los boticarios, pero resaltó que el sector "está ahogado" económicamente debido a la bajada del precio de los medicamentos y a la caída de la facturación en los últimos tres años. "Lo entiendo, pero no lo comparto", afirmó.