La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) debe 360 millones de euros a los bancos y ni siquiera puede cobrar la única venta de suelo del barrio del AVE con la que podría amortiguar las millonarias amortizaciones a las que debe hacer frente. La inmobiliaria vasca Jaureguizar le debe casi 14 millones por la adquisición de una parcela de oficinas, pero ya comunicó a los responsables de ZAV que no podía pagar al carecer de liquidez.

Cualquier atisbo de cobro se complicó a finales del año pasado por la decisión de la sociedad pública de solicitar la ejecución provisional de la sentencia que le reconoce su derecho a cobrar los 11,7 millones e intereses (que superan los 2 millones) pendientes por la compraventa de la parcela firmada a finales de 2007. Su maniobra, justo cuando estaba negociando con directivos y socios de Jaureguizar, provocó que un juzgado de Zaragoza decretara una orden general de embargo contra Jaureguizar, que respondió presentando el preconcurso de acreedores en el mes de febrero.

Un mes después, el Gobierno modificó la ley concursal, estableciendo que no puede iniciarse ejecuciones judiciales de bienes "que resulten necesarios para la actividad profesional o empresarial del deudor", además de suspender las que estén en tramitación. Esto provocó que el mismo juzgado de Zaragoza dejara sin efecto la ejecución provisional y el embargo de Jaureguizar a mediados de marzo.

La inmobiliaria es consciente de que su proyecto para el barrio del AVE carece de cualquier viabilidad de mercado, ya que pretendía levantar un edificio inteligente de oficinas en una ciudad que sufre una auténtica saturación de oferta tras el estallido de la crisis hace más de seis años.

Por ello, la empresa vasca acudió en 2010 a los tribunales para exigir a Zaragoza Alta Velocidad que le devolviera la señal entregada por la parcela (6,3 millones), al entender que ZAV había incumplido sus obligaciones, al no haberse aprobado el proyecto de reparcelación y la concesión de la licencia de obras desde la compra en 2007. Tras perder en dos ocasiones, recurrió de nuevo a los juzgados en septiembre de 2011 para que fijaran un plazo a ZAV para el cumplimiento de las condiciones por entender que no estaba establecido de forma taxativa. Los tribunales tampoco le dieron la razón ni en primera ni en segunda instancia, pero aun así presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, pendiente de resolución.

De forma paralela, se entablaron negociaciones con Jaureguizar y su socio principal, Metrovacesa (posee el 45% de las acciones), en la que transmitieron que carecían de recursos para atender el pago del solar. La solución inicial planteada por la inmobiliaria es que Zaragoza Alta Velocidad se quedara con la millonaria señal entregada y con la parcela de oficinas, a lo que la sociedad pública se negó en redondo porque tiene decenas de miles de metros cuadrados y lo que pretende es hacer caja para aliviar su situación económica.

Jaureguizar está negociando con sus acreedores, fundamentalmente bancos, para refinanciar su deuda y evitar el concurso de acreedores. En sus planes también entra el ofrecimiento de varias "opciones de salida" a Zaragoza Alta Velocidad que no ha desvelado por el momento.