Las víctimas de accidentes laborales piden más apoyo cobrar su subvención

La Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales (Avael) ha pedido este martes en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas mayor apoyo por parte de las instituciones, que se traduzca en el cobro de su ya mermada subvención, cuya carencia les ha obligado a dejar de prestar determinados servicios y a cerrar su sede.

La presidenta de la asociación, Carmen Cavero, ha comparecido en la comisión junto al psicólogo Javier Miravalles, y ambos han reclamado mayor apoyo institucional, a pesar de comprender que la actual crisis económica haya rebajado su subvención a menos de la mitad del importe. Sin embargo, sí que han pedido que se eliminen en lo posible los problemas para acceder a esta ayuda, puesto que han asegurado que deben de enfrentarse a grandes trabas burocráticas para poder cobrarla. Son 6.300 euros como único ingreso de Avael, que no cobra cuotas a sus más de 300 socios y que financia muchas de sus actividades con la voluntariedad de sus asociados, ha dicho su presidenta.

La asociación, además, lamenta que la actual crisis haya agudizado la situación de desamparo de muchos trabajadores, "que tienen que elegir entre su seguridad y mantener su puesto de trabajo".

Por ello, desde Avael piden cambios legislativos y unas leyes que castiguen al empresario que permite que sus empleados trabajen sin adoptar las medidas de seguridad necesarias. También la creación de juzgados específicos para los delitos laborales puesto que, según Cavero, el día después de un accidente laboral "nunca se acaba" para la familia del fallecido, que tiene que enfrentarse a recursos y aplazamientos solicitados por las empresas, muchas de las cuales cuentan con total impunidad. Además, solicitan un mayor número de inspectores de trabajo para la revisión de las instalaciones y medidas de seguridad.

En la actualidad hay 63 inspectores y subinspectores en todo Aragón, número que Avael considera insuficiente. Otras peticiones son la publicación oficial de los datos de fallecidos y accidentados, revisar la ley de prevención actual y crear una paga para la familia del fallecido o para el propio accidentado en caso de incapacidad.