El pasado viernes, un joven de 17 años agredió a su madre en el domicilio familiar del barrio de las Delicias de Zaragoza. La mujer acabó en el hospital y el chico, en el calabozo. Cada año, centenares de jóvenes son condenados en Aragón por delitos penales. Solo en 2012 fueron 623, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque los robos con violencia y las faltas contra el patrimonio y las personas son los delitos más comunes entre los menores, la violencia en el entorno familiar ha crecido en los últimos años.

Hasta 49 menores de edad fueron condenados a lo largo del año pasado por delitos de violencia doméstica. Este tipo de infracciones se ha multiplicado, de forma preocupante, en los últimos años, según lo reflejado en las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado.

Las cifras se disparan

En 2007, solo se registraron nueve casos y un año después esta cifra se disparó hasta los 74 delitos contra el entorno familiar. Aunque este tipo de violencia se ha ligado a entornos familiares desestructurados, algunos expertos han alertado de que no siempre es así y que hay que tener en cuenta otras circunstancias como el consumo de drogas, que ha crecido de forma notable entre los más jóvenes.

En un número considerable de casos – solo en 2012 fueron 55 – la situación es tan grave, que los jueces se ven obligados a dictar medidas cautelares. Se trata del establecimiento de un régimen de libertad vigilada, de órdenes de alojamiento y, sobre todo, de internamientos en centros de menores.

Aunque cada vez son más los jueces de menores partidarios de imponer condenas ejemplares a los jóvenes, como trabajos en beneficio de la Comunidad o tareas socioeducativas, lo cierto es que las condenas a internamiento en centros de privación de libertad siguen suponiendo un porcentaje importante de los correctivos más utilizados.

Según los datos facilitados por el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, 114 jóvenes fueron condenados por los juzgados a ingresar en uno de los centros repartidos por la Comunidad y gestionados por la DGA. En 15 de estas condenas el régimen de internamiento decretado por el juez fue cerrado y en una veintena de casos terapéutico.

La Fundación Amigó, que ayuda a menores y adolescentes en riesgo de exclusión y que recibió hace unas semanas la Medalla de la Educación Aragonesa 2013, estima que cada menor interno en un centro cuesta a las arcas públicas en torno a 120.000 euros al año.