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ESPECIAL 'CONTIGO HACIA EL EMPLEO'

Firme apoyo a la integración laboral de las personas con discapacidad

En 2019, el Gobierno de Aragón incrementa su inversión un 23,2% hasta llegar a los 18 millones de euros a través de diversas actuaciones y programas.

El INAEM se encarga de articular un conjunto de políticas activas de empleo dirigidas a este colectivo.
El INAEM se encarga de articular un conjunto de políticas activas de empleo dirigidas a este colectivo.
Inaem

El próximo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un colectivo que siempre ha reclamado y sigue reclamando el derecho a un trabajo digno. Conscientes de esta petición, que a su vez es una necesidad, la Constitución española ya recoge, de forma directa e indirecta, la necesidad de lograr la integración laboral de estas personas.

Y a esta normativa se han ido sumando, a lo largo de los últimos años, muchas leyes y disposiciones normativas. En el caso de Aragón, el pasado mes de marzo fue aprobada, por unanimidad, laLey de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón’, una normativa que cambia el planteamiento de estas políticas para pasar de lo meramente asistencial a la garantía de derechos de estas personas. La norma reorienta las actuaciones públicas garantizando su transversalidad y poniendo el acento en el reconocimiento de las capacidades diferentes.

Leyes que vienen acompañadas de presupuestos. Así, durante 2019, el Gobierno de Aragón ha dedicado 18 millones de euros a la integración laboral de las personas con discapacidad, cantidad que ha supuesto un incremento del 23,2% respecto a 2018.

«Esta dotación presupuestaria ha permitido incentivar la contratación de trabajadores por cuenta ajena en el sistema de trabajo ordinario dentro de empresas normalizadas, fomentar el autoempleo y mantener y desarrollar los centros especiales de empleo que trabajan en Aragón», apuntan desde el Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Ejecutivo regional.

En este ámbito del fomento del empleo, el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), se encarga de articular un conjunto de políticas activas de empleo que incluyen, por una parte, acciones formativas y de orientación laboral y, por otra, programas de promoción del empleo, con los que se trata de conseguir que el mercado de trabajo sea cada vez un espacio menos excluyente y más integrador, en el que las personas con discapacidad puedan ejercitar su derecho al trabajo como medio de asegurar su emancipación personal e integración social.

Empleo protegido

En el caso del empleo protegido, es primordial el papel de los Centros Especiales de Empleo (CEE). En la actualidad, Aragón cuenta con 71 en funcionamiento, que ocupan a un total de 2.412 personas con discapacidad. Para ayudar a dar cumplimiento a los objetivos de estos centros, Aragón destina un presupuesto de 17,1 millones de euros.

Los Centros Especiales de Empleo son auténticas empresas cuya plantilla tiene que estar constituida al menos por un 70% de personas con discapacidad. En el caso de Aragón, actualmente ese porcentaje llega hasta el 82% de las personas que trabajan en CEE. «Son centros que cumplen, sin perjuicio de sus objetivos empresariales, la finalidad social de integrar en el mundo laboral a las personas que, por razón de su discapacidad, tendrían ciertas dificultades añadidas para encontrar un empleo. Por esta razón, este tipo especial de empresas cuenta con un notable grado de protección pública en forma de ayudas tanto a la creación como al mantenimiento de los puestos de trabajo», apuntan desde el INAEM.

Los Centros Especiales de Empleo cuentan con varias líneas de ayuda. Por una parte, para proyectos generadores de empleo, que este año ha contribuido a la creación de 84 nuevos puestos de trabajo de carácter estable en 21 Centros Especiales de Empleo; y, por otra, ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo, donde el Gobierno de Aragón ha destinado en 2019 un total de 15,6 millones.

Mercado ordinario

Además de las ayudas destinadas al empleo protegido, hay otras medidas de inserción de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. En este caso, el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 600.000 euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, para ayudar a las empresas a contratar a estas personas, bien mediante subvenciones por transformaciones en indefinidos de contratos temporales, o para ayudar a la adaptación de puestos de trabajo.

Además, el INAEM otorga una subvención de 6.000 euros para el establecimiento como trabajador autónomo de personas con discapacidad que se encuentren en situación de desempleo. Esta cuantía se incrementa en un 10% cuando la solicitante sea mujer, perceptor del Ingreso Aragonés de Inserción o de otras rentas de inserción, activación o recualificación profesional. También cuando la actividad autónoma subvencionada se desarrolle en municipios aragoneses de menos de 5.000 habitantes.

Supuestos con los que se pretende favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores con discapacidad en su puesto de trabajo.

«Esta dotación presupuestaria ha permitido incentivar la contratación de trabajadores por cuenta ajena en el sistema de trabajo ordinario dentro de empresas normalizadas, fomentar el autoempleo y mantener y desarrollar los centros especiales de empleo que trabajan en Aragón», apuntan desde el Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Ejecutivo regional.

En este ámbito del fomento del empleo, el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), se encarga de articular un conjunto de políticas activas de empleo que incluyen, por una parte, acciones formativas y de orientación laboral y, por otra, programas de promoción del empleo, con los que se trata de conseguir que el mercado de trabajo sea cada vez un espacio menos excluyente y más integrador, en el que las personas con discapacidad puedan ejercitar su derecho al trabajo como medio de asegurar su emancipación personal e integración social.

Arranca el Grupo de Trabajo de la Economía Social

En la economía social tenemos una enorme oportunidad de dar respuesta a muchas necesidades del ámbito rural y una fórmula de empleo que permite asentar población y, en concreto, incrementar allí las oportunidades laborales de muchas mujeres aragonesas». Así lo recordaba hace unos días la consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, con motivo de la primera reunión del Grupo de Trabajo de la Economía Social.

Un equipo que ha comenzado a funcionar con dos objetivos fundamentales: la elaboración, de forma consensuada, de la Ley de la Economía Social en Aragón a partir del texto confeccionado la pasada legislatura por el Gobierno de Aragón; y el desarrollo de un plan de impulso de la economía social en nuestra Comunidad.

Y todo ello va a ser posible por el interés de todos y cada uno de sus miembros, entre los que se incluyen representantes de la Asociación de Economía Social de Aragón (CEPES), la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Patronal Aragonesa de la Discapacidad (PADIS), la Asociación Aragonesa de Cooperativas y Sociedades Laborales (ASES) y de la Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI), además del Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (OADI) y de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza.

Según se recoge en el Informe de la Economía Social en Aragón, elaborado por la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Zaragoza, las organizaciones de este sector han pasado de 8.597 en el año 2015 –cuando representaban un 9,57% de las entidades aragonesas- a 11.567 organizaciones en 2018, aumentando su representatividad hasta el 12,64% en todo Aragón. Además del número de organizaciones, también se ha incrementado un 6,8% el empleo de 21.351 personas en 2015 a 22.806 en el año 2018.

Este sector engloba a cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, asociaciones, fundaciones y sociedades agrarias de transformación. Además de otras organizaciones que realizan una actividad económica y empresarial y se rigen por principios como la solidaridad interna o la conciliación.

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