Laguarta lamenta tener que "tragar" con facturas que son "más falsas que Judas"

El presidente de la Cámara de Cuentas reclama poder investigar a las administraciones "como la Agencia Tributaria"

El presidente de la Cámara compareció ayer ante la Comisión Institucional de las Cortes.
Laguarta lamenta tener que "tragar" con facturas que son "más falsas que Judas"
asier alcorta

El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguarta, reclamó ayer que se dote a la institución de "facultades coactivas" y "capacidad de investigar" para obligar a las administraciones a rendir cuentas y poder comprobar si la documentación aportada por estas es o no veraz. Laguarta reivindicó poderes "como los que tiene la Agencia Tributaria para investigar a los ciudadanos" porque, según dijo, en ocasiones, desde el órgano fiscalizador tienen que "tragar" con facturas que saben que son "más falsas que Judas".


"Pero nos las hemos tenido que envainar porque no lo podemos comprobar", admitió al hablar de subvenciones a terceros, por ejemplo, al tiempo que consideró ilógico que una "institución pública no tenga instrumentos para investigar a entidades públicas". Además, defendió que las entidades "opacas", que no colaboran en la fiscalización, no puedan recibir ayudas públicas, en la línea de lo recogido en la futura ley de subvenciones, que se tramita ahora en el Parlamento autonómico.


Laguarta hizo estas propuestas ante la Comisión Institucional de las Cortes, durante la presentación del informe de fiscalización de las cuentas de 2012 de las entidades locales, donde se hace especial atención a las comarcas, a las tres diputaciones provinciales y a los municipios de más de 8.000 habitantes. En su comparecencia, Laguarta se felicitó por la "evolución favorable" en la rendición de cuentas en plazo, del 5% en 2010, al 69% en 2012 y porque se "va mejorando" la información aportada sobre contratación.

Morderse la lengua

No obstante, recriminó que aún falten 93 entidades locales, de un total de 1.077, en facilitar la documentación, entre las que citó a los ayuntamientos de Alcañiz, Zuera y La Muela, y la comarca del Bajo Cinca. Y mostró su preocupación por "los incumplidores reiterativos". Por eso, abogó por intensificar las labores de asistencia a municipios, bien sea desde el Gobierno de Aragón, las comarcas o las diputaciones.


Y aunque rehusó hacer valoraciones a preguntas de los diputados –"me tengo que morder la lengua, pero permítanme que no me moje en temas políticos"–, sí se atrevió a señalar los tres ayuntamientos que "están haciendo bien casi todo": Utebo, Binéfar y Fraga. En el lado opuesto, citó a Caspe sobre el que apenas se pudo pronunciar, ya que "no ha entregado casi nada" de lo solicitado. Y celebró que Tamarite de Litera haya presentado sus cuentas por primera vez.


Pero el debate estuvo marcado en todo momento por las tensiones habidas tras las filtraciones de los informes provisionales sobre los presupuestos de la DGA (2012 y 2013) y del Ayuntamiento de Zaragoza (2011), ambos muy críticos con la gestión realizada por ambas administraciones. De hecho, Ana Fernández, del PSOE, preguntó a Laguarta "si estará el informe definitivo del Ejecutivo autonómico antes de final de legislatura" y defendió los "controles internos" del Ayuntamiento de la capital aragonesa, gobernado por los socialistas. "O se ha mejorado todo del 2011 al 2012 o las cosas no son como eran", llegó a espetarle en su intervención.


Mientras tanto, José Luis Soro, de CHA subrayó la importancia de "preservar el prestigio de la Cámara" y lamentó que se utilice como "arma política" por unos y por otros. Además, consideró que "todos se están volviendo locos", cuando el propio consejero de Hacienda, Javier Campoy, ha pedido comparecer para explicar las alegaciones a un informe preliminar.


En la misma línea se manifestó el diputado aragonesista, Manuel L. Blasco, quien lamentó que "se menoscabe el prestigio" de la institución y abogó por que el no cumplimiento con la Cámara tenga "efectos", como la imposibilidad de acceder a ayudas públicas. Una idea esta última en la que incidió también el popular Jorge Garasa, al recordar que la futura ley de subvenciones recogerá esta premisa.


Por su parte, Luis Ángel Romero, de IU, hizo hincapié en la necesidad de "reducir los tiempos" para que los informes sean "más reales" y pidió "mayores recursos humanos y técnicos" para la Cámara.