Primer varapalo judicial a la compra de mascarillas del caso Koldo: la empresa de Zaragoza "incumplía todos los requisitos"
Una sentencia de la Audiencia de Zaragoza dice que “no es entendible ni aceptable” que se adjudicaran estos contratos a "un operador completamente desconocido en el tráfico jurídico/económico del sector”.
Tremendo varapalo el que la Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de dar al Gobierno de España por la compra millonaria de mascarillas durante la pandemia a través de la empresa aragonesa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S. L., una de la investigadas en el llamado caso Koldo. Lo ha hecho a través de una sentencia de la Sección Cuarta que tiene fecha de 27 de marzo y a la que ha tenido acceso HERALDO, la primera en que un tribunal concluye de forma rotunda que esta sociedad a la que se adjudicaron compras de material sanitario por importe de más de 51 millones (incluidas las del Gobierno balear) “incumplía de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aún en supuestos de emergencia”.
Pero ¿cuál es el origen de este fallo judicial? Paradójicamente, la Audiencia de Zaragoza critica la forma en que el Ministerio de Transportes adjudicó los contratos a Soluciones de Gestión (a través de organismos como Puertos del Estado o Adif) al resolver un recurso que la propia empresa aragonesa presentó contra la absolución de un articulista que calificaba de “chanchullo” la adjudicación “a dedo” de la compra de más de 13 millones de mascarillas. En un intento por lavar su imagen, la empresa exigió que esta persona, identificada domo D. R., le indemnizará con 50.000 euros por una vulneración del derecho al honor. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza lo absolvió y Soluciones de Gestión decidió impugnar la resolución.
Pero la empresa zaragozana investigada en el caso Koldo no solo ha fracasado en su objetivo de condenar al demandado, sino que ha conseguido que se incrementen las sospechas sobre la forma en que se le adjudicaron los contratos millonarios durante la pandemia. Ya que ahora es un tribunal quien señala por primera vez las irregularidades cometidas.
La sentencia de la Audiencia de Zaragoza, de 32 folios y de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ignacio Medrano, basa sus conclusiones en el análisis de la prolija documentación aportada a la causa tanto por la sociedad mercantil Soluciones de Gestión como por el demandado, al que representa el abogado aragonés Ramiro Grau. Entre esta se incluyen respuestas de departamentos de Transparencia de organismos públicos como el Adif o un informe del Observatorio de Prevención y Lucha contra la corrupción en las Islas Baleares.
El tribunal tenía que examinar toda esta documentación para valorar qué derechos fundamentales prevalecían en esta conflicto, si los de expresión o información, del demandado, o del honor, de la empresa demandante. Y además de decantarse claramente por los primeros, reprochando a Soluciones de Gestión el no haber aportado ni siquiera una copia de los artículos en los que supuestamente se le difamaba, los magistrados aprovechan el fallo para poner de manifiesto por qué la mercantil zaragozano no estaba legitimada para concurrir a los contratos ahora bajo sospecha en el caso Koldo.
El objeto social "no le habilitaba en modo alguno"
Para empezar, la Audiencia de Zaragoza dice que el objeto social de Soluciones y Gestión “no le habilitaba en modo alguno” a presentarse a estas adjudicaciones públicas. “Su actividad contemporánea, o en los años previos a las contratación, nada tiene que ver con el suministro de mascarillas”, indica la sentencia, que recuerda también que la demandante prestaba servicios “de suministro de equipamientos necesarios para trabajos de rehabilitación y ampliación de redes de energía”.
Para el tribunal, “no es entendible ni aceptable” que una contratación millonaria como la de las mascarillas acabara adjudicándose “a un operador completamente desconocido en el tráfico jurídico/económico del sector”. A este respecto, a los magistrados les “llama la atención” que en el año 2019 la sociedad Soluciones de Gestión “careció de toda actividad”. “Con unos fondos propios que en la demanda se cifran en 3.104.093 euros, la solvencia financiera (de la mercantil) no era satisfactoria ni suficiente para ser adjudicataria en las millonarias licitaciones de las que resultó beneficiaria”, dice el fallo.
Los magistrados tampoco pasan por alto el hecho de que no existieran contrataciones anteriores de la mercantil aragonesa con la administración pública y que, pese a todas las circunstancias señaladas, no se consideraran más idóneas otras opciones para la adjudicación.
Además de no conseguir el propósito de lavar su imagen con la presentación del recurso y de ver incrementadas las sospechas sobre su intermediación en la compra de mascarillas durante la covid, Soluciones de Gestión ha sido condenada por la Audiencia de Zaragoza a abonar las costas causadas en el recurso de alzada al articulista apelante.
