Zaragoza veta los castillos hinchables en la vía pública y al raso "por seguridad"
El sector, al que pertenecen una docena de empresas en la capital, recuerda que su actividad es "legal" y que revisan las instalaciones.
El área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza "no va a autorizar la instalación de hinchables en la vía pública, en el exterior, por razones de seguridad". Así lo ha confirmado esta semana el concejal del ramo, Alfonso Mendoza, en la comisión municipal. El edil sostuvo que en cuestiones políticas la decisión es suya, pero que en lo que tiene que ver sobre las cuestiones de seguridad que decidan los ingenieros o a quien corresponda dentro de cada área, "poco pondré en tela de juicio".
Ya se habían dado cuenta en el sector del veto a los hinchables, pues les han ido denegado verbalmente algunas de las peticiones que habían cursado. Lo confirma Marcos Eced, ingeniero técnico industrial y especialista en revisión y certificación de eventos públicos, que considera que esta decisión "no tiene ni pies ni cabeza" y que denuncia que "no dejan comer a gente que realiza una actividad legal y regulada".
Pesa, y mucho, el recuerdo de dos niñas, Vera y Cayetana, que murieron en enero de 2022 al volar por los aire un castillo hinchable en Mislata (Valencia). Pero advierten desde el sector en Aragón que la investigación determinó que el protocolo que se siguió no fue el adecuado.
La instalación de un castillo hinchable tiene que ajustarte a la regulación que fija la UNE-EN 14960:2014, de equipos de juego hinchables, una norma que se actualizó en 2019. 2021 y 2023. Para obtener la autorización para montar el castillo hinchable hay que presentar un certificado de que se está al corriente de pagos con Hacienda, el alta de la Seguridad Social, el certificado de delitos de naturaleza sexual de los monitores, un seguro de responsabilidad civil, el certificado de revisión anual y de fabricación, el cumplimiento CE, un plano de evacuación... Y solo se da el visto bueno cuando todos los requisitos se cumplen.
A la prolija documentación se suman, explica Marcos Eced, las exigencias del montaje, al que acude un ingeniero por parte de la empresa, técnicos municipales y policías locales que levantan el acta antes de dar el permiso. "No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Valencia", insiste, porque los profesiones, cuando hay viento, no montan, disponen de anenómetros para medirlo e incluyen "todas las medidas de seguridad que hagan falta".
Con la decisión de vetar los castillos hinchables al aire libre, Eced asegura que "se llevan por delante a empresas porque les quitan el trabajo". Y más cuando mayo y junio, con las fiestas escolares, están ya tan cerca.
Este ingeniero técnico industrial acreditó 58 parques infantiles el año pasado. A las empresas las contratan desde las juntas de distrito y vecinales y los colegios, y no todos ellos disponen de un pabellón deportivo para poder meter el castillo hinchable dentro. Confía, Eced, en que el Ayuntamiento rectifique y las empresas "puedan volver a trabajar". Porque "aunque siempre puede haber un accidente, hay un protocolo que garantiza que la actividad es segura".
Con una experiencia de 30 años revisando instalaciones, lamenta que ahora, cuando se dirige al Ayuntamiento, "ni avisan ni informan por escrito". Si hay un documento para denegar la instalación deben motivarlo, y las empresas afectadas, si lo estimaran conveniente, podrían recurrir la decisión.
Se han quedado, por ahora, sin poder instalar los castillos hinchables en la Cincomarzada, San Juan de Mozarrifar, en Alfocea y en la fiesta de Bomberos. Cada castillo hinchable tiene un coste que oscila entre los 8.000 y los 10.000 euros, y las empresas de Zaragoza desarrollaban buena parte de su trabajo en la capital. En Movera también se ha denegado telefónicamente el permiso para el 23 de abril.
