Detectan en Zaragoza 28 locales utilizados ilegalmente como viviendas
Se trata de bajos o trasteros que carecen de unas condiciones mínimas y no se ajustan a la normativa. Las multas suelen oscilar entre los 6.000 y los 12.000 euros.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha detectado 28 locales utilizados ilegalmente como viviendas en el último año. Se trata de infracciones urbanísticas de las que, muchas veces, dan parte los vecinos de las comunidades afectadas o los propios ocupantes y que pueden terminar acarreando sanciones de entre 6.000 y 12.000 euros a los propietarios.
Solo en los dos últimos meses han pasado por la Gerencia de Urbanismo ocho expedientes, mientras que en 2023 se contabilizaron un total de 20.En la última, celebrada el pasado miércoles, se acordó dar un plazo de un mes a los dueños de dos locales situados en la calle de Edmundo D’Amicis, en el Actur, para que cesaran en el uso de dos locales y restituyesen la normalidad.
La situación, como recuerdan los inquilinos, viene de lejos. Ya en 2007 se quejaron públicamente de que la inmobiliaria los estaba equipando como miniviviendas –llegaron a ver cómo metían encimeras y electrodomésticos– mientras que la empresa aseguraba que su único uso era "de oficina". El tiempo les ha terminado dando la razón, y basta con acercarse a los bajos para comprobarlo, pudiéndose ver incluso los nombres de los actuales ocupantes en los buzones. "Ni siquiera sabemos si tienen cédula de habitabilidad. Muchos son alquilados, aunque otros están en régimen de propiedad. Al estar en locales pagan menos comunidad y tienen las zonas comunes restringidas", aseguran dos de las vecinas. Otra de ellas afirma que "desde hace muchos años entra y sale de todo". "Al menos no hemos tenido ningún problema", agrega.
Desde el Ayuntamiento remarcan que el problema no es común a toda la ciudad, sino que se trata de casos puntuales que, muchas veces, obedecen a un puñado de empresas y propietarios. En los últimos consejos de la Gerencia de Urbanismo aparecen incumplimientos en puntos como el Coso, la calle de Zapata, Antón García Abril o Mariano Cerezo.
También hay ejemplos en Madre Sacramento, la calle de Contamina, Vía Hispanidad o la calle de Ángela Bravo Ortega, en el barrio Oliver. En este último, el Ayuntamiento ha impuesto una multa de 12.000 euros a una empresa por usar un trastero como vivienda.
Este tipo de actuaciones se remiten directamente a Inspección Urbanística, encargada de dar cumplimiento a la normativa municipal. Si hay posibilidad de legalizar el local como vivienda se insta al dueño a hacerlo y, en caso contrario, se le envía el correspondiente requerimiento. Desde el Consistorio aseguran que son pocos los casos que llegan a este extremo y subrayan que, desde que se detecta el incumplimiento, el local no debería poder seguir utilizándose como alojamiento.
Muchos de estos bajos no cuentan siquiera con una adecuada salida de humos, carecen de unas dimensiones mínimas, han sido reacondicionados sin ajustarse a las condiciones marcadas por la normativa o no tienen calificación para uso residencial.
Una fontanería como tapadera
Pese a la vigilancia existente, no todos los casos acaban bien. Beatriz González, administradora de fincas y vocal segunda del colegio oficial, tuvo uno, también en el Actur, que terminó con la paciencia de una comunidad de vecinos. En el bajo había una fontanería, pero su ocupante "entraba y salía a cualquier hora, fuera de día o de noche", circunstancia que hizo sospechar a los propietarios. Ellos mismos pudieron comprobar que había instalado una cama e incluso una cocina, lo que les llevó a presentar una denuncia. Al final, no obstante, "no consiguieron absolutamente nada", ya que el trabajador aseguró que su fontanería "tenía servicio 24 horas" y que, por tanto, necesitaba cama y cocina.
A los vecinos, recuerda González, les preocupaba mucho que al haber instalado una en un espacio que no estaba preparado pudiera haber riesgo de incendio, ya que "lógicamente, un local no reúne las mismas condiciones que una vivienda". El ocupante resultó ser un hombre que "acababa de separarse" y que utilizó la fontanería "como tapadera" para garantizarse un techo. "Los vecinos se quedaron con una sensación de injusticia", lamenta.
¿Qué dice la normativa?
El Ayuntamiento permite desde 2021 transformar locales en viviendas, pero solo si se cumplen una serie de requisitos. Esta estrategia, pensada para dar uso a aquellos que llevaban años sin utilizarse, obliga a que tengan un mínimo de 37 metros cuadrados útiles y a que no estén situados cerca de zonas de ocio o con limitaciones urbanísticas. Además, deben llevar en desuso tres años, contar con salidas de humos para la cocina y desagües para el baño y garantizar unas condiciones de accesibilidad, entre otros aspectos.
Según los últimos datos del Consistorio, hasta principios de este año se habían autorizado 68 licencias para un total de 103 viviendas, la mayoría en San José, Las Delicias, el Arrabal y Torrero.
