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El TSJA confirma la condena contra el alcalde de Alhama de Aragón por acusar falsamente a su antecesor
La Audiencia le impuso 5 años de cárcel por mentir en un juicio contra Joaquín Antón y atribuirle hechos inveraces.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado íntegramente la condena de cinco años de prisión para el alcalde de Alhama de Aragón, José María Castejón Mozota (PAR), que le impuso la Audiencia Provincial por un delito de falsedad en documento oficial y otro de denuncia falsa en concurso con otro de falso testimonio en causa criminal. La condena acarrea también multas de 3.780 euros e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Igualmente, el TSJA ratifica la condena de tres años y medio de prisión para el exsecretario interventor Javier Gracia como coautor de un delito de falsedad en documento oficial. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
La resolución judicial no es más que la consecuencia de la pésima relación política entre José María Castejón y Joaquín Antón (CHA), que empeoró a raíz de la moción de censura presentada en 2012 por el acusado contra Antón y que se tradujo en varias denuncias, que ahora se han visto que fueron falsas acusaciones.
El punto de partida son dos decretos de alcaldía firmados por Antón en los días previos a la moción de censura. En uno, proponía la designación de Rosario A., auxiliar administrativa interina en el Ayuntamiento, como sustituta del secretario interventor que estaba a punto de jubilarse. De esta forma, cubría el puesto hasta que llegara el titular. En el otro, que sería repuesta como auxiliar cuando llegara el titular.
Según denunció José María Castejón, lo que pretendía Joaquín Antón con esos decretos era transformar la condición de auxiliar administrativa interina de Rosario A. para "favorecerla en detrimento de los intereses públicos" y de forma "ilegal y manifiestamente injusta y a sabiendas, con clara vulneración y pleno conocimiento de ello, del ordenamiento jurídico administrativo".
Pero para los magistrados, esta "supuesta maniobra fraudulenta" se mostró "inveraz" cuando, solo tres días después de que Antón dictase el decreto, el propio Castejón propuso al pleno la misma medida, es decir, la reserva de plaza para Rosario A., lo que fue aprobado por unanimidad y tanto al alcalde como al resto de concejales les pareció perfectamente lícito y adecuado.
"Resulta, por tanto, palmario, que cuando tiempo después interpone la denuncia contra el anterior alcalde, su finalidad no es recta, sino torcida, en tanto le atribuye una voluntad de vulneración de la ley inexistente", dice el TSJA.
Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal subrayan además que cuando la denuncia se estaba instruyendo recayó una sentencia de un juzgado de lo Social en la que se declaraba improcedente el despido de Rosario. A pesar de ello, el acusado siguió manteniendo que la reserva de plaza era ilegal y que Antón, representado por el abogado José Palacín, había actuado de manera fraudulenta.
"El contenido de la denuncia falta a la verdad, puesto que, aprovechándose de medias verdades, describe una maniobra fraudulenta de los acusados que no existe en la realidad, por lo que se puede afirmar que la denuncia y acusación de Castejón demuestra un temerario desprecio a la verdad al imputar a Antón y Rosario A. hechos que, de ser ciertos, constituirían una infracción penal", dicen.
Por otra parte, el encausado alegó que la denuncia la interpuso en condición de alcalde de Alhama de Aragón, aportando los acuerdos y dictámenes en tal sentido, en un "intento de querer transferir la responsabilidad penal al ayuntamiento y de separar la persona física del cargo que ostenta". Pero, como exponen los magistrados, los acuerdos no eliminan la responsabilidad penal de José María Castejón, pues entienden que era «plenamente consciente» de que los hechos denunciados «no constituían ilícitos penales ni se ajustaban a la realidad». Y, añaden, esa supuesta decisión ilegal de Antón para reservar la plaza a Rosario A. había sido propuesta por él mismo y aprobada por unanimidad por el pleno del ayuntamiento.
"En definitiva, la finalidad de Castejón en ningún momento fue la de defender los intereses del Ayuntamiento, sino la de acusar al Antón y a Rosario A. de varios delitos, retorciendo y falseando los hechos narrados de la denuncia", recoge la sentencia.
