La Audiencia de Zaragoza juzga al alcalde de Alhama de Aragón por una denuncia de su antecesor

La fiscal solicita penas que suman ocho años y medio de prisión por malversación, falsedad y denuncia falsa.

El alcalde, José María Castejón, de pie en el estrado. Detrás de él, sentado, el exsecretario judicial.
El alcalde, José María Castejón, de pie en el estrado. Detrás de él, sentado, el exsecretario municipal.
Heraldo

El enfrentamiento político y podría decirse que personal que mantienen desde hace diez años el actual alcalde de Alhama de Aragón, José María Castejón (PAR) y su antecesor Joaquín Antón (CHA) vivió este lunes un nuevo capítulo en la Audiencia Provincial de Zaragoza. En esta ocasión, se sentó en el banquillo de los acusados Castejón, intercambiando de esta manera los papeles que ambos protagonizaron en 2016, cuando quien fue juzgado fue Antón.

En aquel pleito, el concejal de CHA fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables y Castejón condenado al pago de las costas. El tribunal no solo afeó la conducta de Castejón, sino que en la sentencia dejó entrever que había utilizado con mala fe la jurisdicción penal e incluso podría haber incurrido en un delito de falsa denuncia.

Joaquín Antón y su abogado, José Palacín, no se lo pensaron dos veces y presentaron una denuncia contra Castejón porque entendieron, como este lunes reiteraron, que todo el procedimiento había sido una estratagema para aparentar un delito y perjudicar tanto a Antón como a la anterior secretaria, Rosario A. La acusación la extendieron al que fuera secretario interventor de Alhama entre septiembre de 2015 y diciembre de 2018, Javier Gracia.

Además de denuncia falsa y falsedad en documento oficial en concurso con estafa procesal, los acusan de malversación de caudales públicos, pues entienden que las costas (6.282 euros) a las que fue condenado Castejón a título particular se pagaron con dinero del Ayuntamiento. En total, la Fiscalía solicita penas que suman ocho años y medio de prisión, siete de inhabilitación y multas. La acusación solicita una pena de seis años de prisión y la misma inhabilitación.

Por su parte, los actuales abogados defensores de Castejón, Enrique Trebolle y Francisco García Berenguer, y el del exsecretario municipal, José Antonio Sanz Cerra, solicitan la absolución de sus clientes pues entienden que no hay base alguna para tal acusación.

El pleito inicial fue fruto de una denuncia que interpuso Castejón contra Antón y la anterior secretaria Rosario A. por prevaricación y falsedad en documento público. En ella se decía que esta última, tras haber sido despedida, había intentado regresar a su cargo a través de dos decretos de alcaldía, resoluciones que se aseguraba que no existían. Posteriormente, en el juicio se presentaron esos documentos.

Un "caos" y un "embrollo"

Este lunes, durante su declaración, afirmó que cuando llegó a la alcaldía la organización era un "caos". "Antón y Rosario habían montado semejante embrollo para salir favorecidos y nosotros, perjudicados". Dijo -y luego reiteró el exsecretario- que no se llevaba libro de actas y el de decretos/resoluciones (que debe ser de hojas timbradas, numeradas y correlativas, como el anterior) no existía. Descubrieron que había varias resoluciones con la misma fecha y que los dos decretos que reservaban el puesto de trabajo a la secretaria "no estaban incorporados en ningún archivo oficial del Ayuntamiento". En cuanto a la malversación, se defendió asegurando que su personación en el procedimiento penal contra Antón se produjo en su condición de alcalde de Alhama y no a título particular.

Su abogado destacó que las cuentas del Ayuntamiento fueron analizadas por el Tribunal de Cuentas, que no vio ninguna responsabilidad contable.

Por su parte, el exsecretario explicó que el nunca dijo que esos dos decretos no existían, sino que no estaban en el libro. "Existe el documento pero no se ha transcrito al libro", insistió. A su juicio, el programa Gestiona que usan los ayuntamientos no puede suplir al libro. Mientras, Antón declaró que ese libro electrónico tiene validez a todos los efectos.

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