Unas 200 personas piden que no derriben el elevador de unas discapacitadas

Alrededor de 200 personas han apoyado este viernes en una concentración a las jóvenes discapacitadas de Teruel, Alba y Miriam Escuín, que piden que no se cumpla la sentencia que les obliga a demoler el elevador con el que acceden a su casa.

Bajo el lema 'Por solidaridad, por humanidad, por los derechos de los discapacitados a una vivienda digna', la familia afectada había convocado para esta tarde una concentración frente a su casa, con el apoyo de la Asociación de Discapacitados Nuevo Día de Teruel (Anudi).

A través de la lectura de un manifiesto, las jóvenes han defendido que "pese a lo que diga la sentencia se nos han concedido todos los permisos legales pertinentes necesarios para la construcción del elevador" y aseguran que pueden demostrarlo.

Señalan además que las molestias al vecino que recoge la sentencia "son inciertas y exageradas", y añaden que "aunque fuesen ciertas no nos parecen suficientes para que se haya dictado semejante sentencia".

La sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel obliga a la familia a derribar este elevador, dando la razón a un vecino que denunciaba los perjuicios que la obra causaba en su vivienda.

El texto legal recoge que tal y como atestiguaron los peritos y testigos durante el juicio, el elevador "crea nuevas zonas de sombra en el inmueble" colindante y "le limita las luces y vistas de las que disponía". Considera también que "altera un elemento común y limita el derecho de propiedad de uno de los vecinos", y resalta que la obra se ha realizado "sin trámite alguno".

La familia está recogiendo firmas para evitar la ejecución de la sentencia, ya que derribar el elevador supone que no puedan acceder a su vivienda, ubicada en un segundo piso. Esta sentencia es "una cadena perpetua en nuestra propia casa o si no, dejarnos en la calle ya que económicamente también nos deja gravemente perjudicados".