Dos discapacitadas intentan frenar la demolición del elevador para acceder a su casa

La familia de dos mujeres discapacitadas de Teruel, que necesitan silla de ruedas, está recogiendo firmas para evitar el cumplimiento de una sentencia judicial que les obliga a derribar un elevador construido hace dos años, que es el único medio que tienen para acceder a su vivienda.

Miriam y Alba Escuín acceden a su vivienda, instalada en la primera planta de un edificio de la carretera Villaspesa, a través de un elevador construido alrededor de hace dos años "porque es la única manera que tenemos de entrar en nuestro hogar", que comparten con sus padres y otra hermana, ha explicado Miriam.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel obliga a la familia a derribar este elevador, dando la razón a un vecino que denunciaba los perjuicios que la obra causaba en su vivienda, porque tal y como atestiguaron los peritos y testigos durante el juicio, el elevador "crea nuevas zonas de sombra en el inmueble" colindante y "le limita las luces y vistas de las que disponía".

Considera también que "altera un elemento común y limita el derecho de propiedad de uno de los vecinos" y resalta que la obra se ha realizado "sin trámite alguno".

La familia afectada ha realizado una rueda de prensa para pedir "sensibilidad" sobre este asunto y, han asegurado, poder llegar a una solución.

"Entiendo que hay que cumplir la ley y no perjudicar al vecino, pero también hay que cumplir la ley que dice que los discapacitados tienen que poder acceder a su vivienda", ha explicado Margarita Escuín, hermana de las afectadas.

Ha recordado además que una sentencia previa les daba la razón pero ahora la sentencia actual dice que prima más el perjuicio al vecino y no cabe recurso.

Hasta el momento han recogido más de 3.000 firmas y esperan que pueda seguir en una plataforma "on line", ha informado.

Margarita ha alegado que para la realización de la obra solicitaron los permisos municipales y "el tema se trató en la Junta de vecinos".

Además, ha resaltado que no recibieron ninguna subvención para realizar la obra que costó más de 20.000 euros y respecto a lo que recoge la sentencia de que el elevador podía haberse construido dentro de la casa, Margarita ha dicho que "el coste se podría duplicar".