Vox insiste en dejar fuera de las comisiones a su edil tránsfuga de Huesca
Dice que el PP acepta su presencia como "peaje" para garantizarse un voto y critica el gasto que supone para las arcas municipales.
Vox no ceja en su empeño de excluir de la actividad en el Ayuntamiento de Huesca a su exconcejal, Antonio Laborda, que dejó el partido pero mantiene el acta. El último paso que ha dado es presentar un recurso de reposición contra la decisión del pleno de integrarlo en las comisiones informativas, de forma que pasan a estar compuestas por ocho miembros en lugar de los siete que tenían hasta la fecha, incluyendo a Laborda como edil no adscrito.
Los informes jurídicos avalan la presencia del edil tránsfuga en todas las comisiones informativas, lo que ha obligado a la corporación a modificar la composición de estas. Aunque no puede ejercer sus funciones en régimen de dedicación exclusiva sí puede recibir una retribución económica por su asistencia a las sesiones de diferentes órganos municipales con un importe máximo anual de 14.000 euros.
El grupo al que pertenecía no está de acuerdo y quiere agotar la vía administrativa antes de acudir a la justicia ordinaria. Entiende que la modificación de las comisiones tiene una repercusión económica para las arcas de la ciudad de Huesca.
A pesar de la sintonía mostrada por el PP y Vox en el pacto de los presupuestos del 2023, en los que este grupo forzó la cancelación del festival Periferias, mantiene que la aceptación de Laborda en los órganos municipales bien podría entenderse "como un supuesto peaje del equipo de gobierno (PP), para garantizarse como mínimo la abstención del concejal no adscrito, y así, sacar adelante sus futuras propuestas" haciendo valer el voto de calidad de la alcaldesa, Lorena Orduna.
El portavoz de la formación de ultraderecha, José Luis Rubió, también critica que los concejales socialistas apoyaran la inclusión de Laborda. En suma, considera que podría "favorecer económicamente a miembros del Partido Popular o de ambos partidos".
Vox entiende que el número de integrantes de las comisiones informativas no puede variarse durante el mandato y debe conservarse el sistema de voto ponderado para garantizar la correspondiente proporción de representación del pleno en las respectivas comisiones, "y sin que además suponga un gravamen para la economía municipal".
