El funcionario que alertó de la ilegalidad de la escuela de Caneto denuncia amenazas
El arquitecto que firmó los informes desfavorables en 2019 dice ahora que sufrió acoso laboral y coacciones para cambiar el dictamen por parte de anteriores responsables de Educación y que el verdadero interés era "el ascenso en la carrera política del alcalde".
El arquitecto del servicio provincial de Educación de Huesca que emitió los informes desfavorables que han justificado el cierre de la escuela de Caneto, ha denunciado haber sido víctima de "acoso" y "amenazas" por parte de anteriores responsables del departamento para que emitiera un dictamen que permitiera legalizar el centro.
En concreto, apunta a la que en 2019 era directora provincial, Olga Alastruey, quien dejó el cargo en 2021 para asumir la dirección general de Personal de la consejería de Educación con el Gobierno de Javier Lambán, una acusación que ella niega rotundamente.
El funcionario, un arquitecto perteneciente a la Unidad de Proyectos y Obras de la dirección provincial, ha explicado ahora que en 2019, a petición de Alastruey, visitó Caneto para conocer las instalaciones de la escuela. Entonces ya constató que no cumplía los requisitos mínimos de un centro de educación infantil y primaria, entre otras cosas porque las dos cabañas de madera donde estaban las aulas no tenían acceso para vehículos de emergencias y porque el suelo estaba calificado para pastos.
Meses después, la directora provincial le pidió "un informe en el que se diga que se han subsanado las observaciones", y nuevamente hizo un dictamen desfavorable. "A partir de este nuevo informe, el acoso laboral y personal por parte de la directora provincial fue constante hacia mi persona y hacia mi trabajo", señala el funcionario.
A su juicio, el motivo por el que la directora provincial manifestaba tanto interés por legalizar la escuela no era otro que "el peso específico" que tenía el entonces alcalde socialista de La Fueva (Ramón Laplana), municipio al que pertenece Caneto "y su posible ascenso en su carrera política". De lo contrario, señala el empleado de Educación, era difícil entender, a pesar de los informes desfavorables de la Unidad de Obras y de la Propia Inspección, que se insistiera en mantener abierto el centro, "con el consiguiente riesgo para la seguridad del alumnado y del profesorado y la responsabilidad de la administración en caso de algún percance".
Su denuncia refleja unos hechos ocurridos en 2019 pero aparece en el informe que firmó el 10 de noviembre de este año, tras realizar una visita a Caneto por encargó de la actual directora provincial de Educación, Mónica Martínez, para constatar los cambios más relevantes desde 2019 y las actuaciones realizadas. Entonces ya se conocía la orden de cierre de las aulas. "Sin ser objeto del presente informe", indica, quiere realizar una serie de reflexiones personales para denunciar las amenazas y el acoso laboral.
También se refiere a una reunión a la que fue convocado con Alastruey y Laplana. "Se me instó y coaccionó con amenazas para que cambiara el criterio de mi informe para que fuera favorable y así poder autorizar la escuela". Su actitud se calificó, dice, como "la cabezonería de un mal funcionario".
El documento donde denuncia estos hechos se encuentra a disposición de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, en respuesta a la solicitud de información que hicieron, según fuentes del departamento de Educación. Sin embargo, el PSOE lo ha desmentido, asegurando que el PP registró justo el miércoles una solicitud para que el Gobierno remita todo el expediente al Parlamento.
Olga Alastruey ha negado todas las afirmaciones del técnico de Obras. Le parece curioso que después de cuatro años "recupere ahora la memoria", ya que nunca antes lo denunció por escrito. "Si los hechos fueron tan graves, en su momento los podría haber denunciado. Es cuando menos llamativo que recupere la memoria años después", ha señalado. "Siempre he sido respetuosa con los empleados, eso lo he llevado por bandera", ha añadido Alastruey. Es más, cree que es una cortina de humo para tapar la resolución del Justicia de Aragón, que recomienda la reapertura de la escuela.
El informe desfavorable que emitió también le fue solicitado por la Dirección General de Planificación y Equidad, según el funcionario, ante la negativa de Alastruey a remitirlo, junto con las fotografías que había realizado en la visita, ya que no entendían la situación. Asegura que la directora general estuvo siempre en contra de autorizar la escuela, por lo que se optó por matricular a los niños en el colegio de Tierrantona. "Si bien el centro no estaba legalizado, la directora provincial consiguió que maestros pagados por la administración dieran clases en la escuela de Caneto", afirma, eso sí adscritos a Tierrantona.
El técnico asegura que "tan graves hechos" fueron denunciados a la secretaría general técnica del departamento, "sin recibir ningún tipo de contestación".
En su informe habla de las familias de los 21 escolares para decir que "durante todos estos años se les ha estado engañando con falsas ilusiones". En sus visitas siempre han sido cordiales, sostiene, aun siendo conocedoras de sus informes desfavorables.
Y justifica estos por la posibilidad de un accidente. "En ese caso, los propios padres que defienden impartir las enseñanzas en plena naturaleza, sería los primeros en denunciar a la administración por no velar por la seguridad de sus hijos".
