Las familias de Caneto estudian acudir a los tribunales por el cierre de la escuela
El director general de Personal se ha reunido en el pueblo con los padres y el Ayuntamiento.
Las familias de los 21 niños de Caneto, donde el Gobierno de Aragón ha cerrado la escuela por no estar regularizada, se plantean acudir a los tribunales de justicia al entender que se han vulnerado los derechos de los menores. De momento van a recurrir por la vía administrativa la orden de clausura del centro, decidida por el departamento de Educación a principios de mes.
Este martes ha viajado a este pueblo del municipio de La Fueva el director general de Personal, Formación e Innovación de la consejería de Educación, José María Cabello, para reunirse allí con el alcalde, Jesús Solano, y con las familias, con el objetivo de estudiar las alternativas. El encuentro ha finalizado, sin grandes avances, al menos a corto plazo, más allá de que el Ayuntamiento va a empezar de cero para recalificar el suelo rústico donde se asientan las aulas, principal obstáculo de la regularización.
Según el director general, el objetivo del viaje es "mostrar la cercanía" de la administración con las familias y apoyar al Ayuntamiento en sus avances para que "en un futuro consigamos tener una escuela". "No queremos perjudicar a nadie, solo queremos que los alumnos y los docentes encuentren un espacio que mantenga las condiciones", ha manifestado Cabello.
El alto cargo de Educación ha asegurado que la DGA ha ofrecido "una alternativa viable" a las familias, el traslado a la escuela de Tierrantona, cabecera del municipio, donde de hecho están matriculados, con transporte gratuito y becas de comedor, y no quiere crear "falsas expectativas" sobre una pronta reapertura . Esta se producirá cuando el Ayuntamiento realice las gestiones necesarias. "Se seguirá el cauce legal. Estamos en terrenos que pertenecen a la CHE y a la espera de que el Ayuntamiento nos ofrezca un suelo".
Cabello ha reiterado, como viene haciendo la consejería, que "el cole que tenemos ahora en Caneto no es un cole porque no está bajo el paraguas de ninguna administración". La DGA sostiene que no se puede hacer cargo de una infraestructura educativa en un suelo no concebido para tal fin, ni respaldado por informes técnicos que avalen que allí puede haber niños. Es más, según la consejera, los informes de la Inspección son "demoledores".
Por su parte, el alcalde, ha anunciado tras la reunión que el Ayuntamiento intentará agilizar la legalización del colegio, arreglando la cuestión del terreno. Eso supone "empezar de cero". Y ha dejado claro que el Ayuntamiento apoya la continuidad del colegio en Caneto. "Hay 21 niños y hay que dar facilidad para que vayan al colegio aquí. Hasta Tierrantona es una ruta larga y tenemos que intentar que se queden".
Pero a los padres no les valen las soluciones a largo plazo. "No hay un cambio de actitud por parte de la administración", han dicho tras el encuentro. Siguen firmes con la idea de no trasladar a los niños a Tierrantona y educarlos ellos mismos en las aulas de Caneto, haciendo turnos para conciliar la vida laboral y familiar. "Lucharemos hasta el final, nos movilizaremos y si hace falta iremos a los tribunales", ha declarado Eduardo Jubert, portavoz de las familias.
Están barajando la opción de la Justicia porque entienden que existe una vulneración de los derechos de los niños sin reconocer que "llevamos cinco años en el sistema público". En este sentido recuerdan la visita del lugarteniente del Justicia de Aragón. Esta oficina ha abierto un expediente, e intenta buscar un acuerdo para arbitrar medidas, temporales o definitivas, que permitan, desde el cumplimiento del principio legal de buscar el “interés superior de los menores”, mantener la escolarización en las aulas de Caneto, evitando el desplazamiento de los menores.
En la reunión con Cabello, los padres esgrimieron un documento de la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo que les cedió el pueblo. Según manifiestan, es "una autorización explícita para construir una escuela, pero ahora parece que eso no es suficiente".
La alternativa planteada por la DGA "va para largo", dicen, "no es una solución en la que prevalezca el bienestar de nuestros hijos y por eso seguiremos aquí". Apelan a una posible "medida de gracia" para considerar su situación excepcional, "igual que se le da a un estadio de fútbol, los 21 niños no merecen menos".
Por su parte, Ignacio Urquizu, portavoz socialista de Educación en las Cortes, ha lamentado que la consejería de Educación solo haya ido a Caneto a "hacerse la foto" y estudiará pedir responsabilidades por dejar sin escolarizar a 21 niños. En su opinión, el Gobierno de Aragón no presenta una alternativa. "Es un ataque muy directo y muy grave a la escuela rural, porque ante la primera dificultad lo que ha hecho el gobierno de Azcón es cerrar una escuela en un pueblo con 21 niños", ha declarado. "Esos niños van a seguir fuera del sistema educativo y queremos soluciones de verdad".
