El diputado de Huesca Cristian Royo (Cs) gastó 24.000 euros sin justificar pero se niega a dimitir
El representante de Ciudadanos en la Diputación Provincial, al que se le exige el reintegro del dinero, ha despedido este jueves a las dos trabajadoras del grupo.
El diputado provincial de Ciudadanos en Huesca Cristian Royo se enreda cada vez más en una espiral de irregularidades contables al tiempo que se aferra a su cargo. Este jueves, poco antes de asistir al pleno de la corporación, se le ha exigido el reintegro de 24.770 euros, por gastos que ha sido incapaz de justificar del ejercicio de 2021.
La notificación ha coincidido con su huida hacia adelante. En medio de sus problemas con la institución y con el partido (está suspendido temporalmente de militancia) por irregularidades contables, ha decidido despedir a las dos empleadas del grupo de Ciudadanos en la Diputación. Una de ellas es Paula Martínez-Guisasola, auxiliar administrativa y hasta hace unos días secretaria de organización de Ciudadanos en la provincia. Dimitió de este cargo en protesta por la inacción de Cs en este caso, ya que desde abril de 2021 ha ido advirtiendo a los altos cargos de la formación sobre "el mal uso" que hacía Cristian Royo del dinero asignado (incluso pasó facturas de la panadería de su familia) y sobre los continuos incumplimientos en el desempeño de sus funciones.
El presidente de la Diputación, Miguel Gracia (PSOE), ha firmado hoy un decreto con la liquidación definitiva de las cuentas del grupo de Ciudadanos correspondientes al 2021. Según el documento, recibió 91.500 euros para gastos de funcionamiento, entre ellos el pago de las nóminas a las dos empleadas, pero solo ha podido justificar con facturas 66.729,62 €, de forma que debe 24.770,38.
El decreto le exige el reintegro de esta cantidad, una vez revisada la nueva documentación que aportó. La Diputación le reclamó inicialmente 28.993,67 euros en marzo, pero le dio hasta finales de abril para presentar nuevas facturas. Pasado este plazo, y una vez estudiados los papeles entregados, los técnicos han concluido que solo son válidas facturas por 4.000 euros.
Por ello, se le requiere para que devuelva el dinero. En caso de no hacerlo, la Diputación se plantea requerírselo al partido, aseguraron fuentes de la institución. De momento, tiene congeladas las subvenciones al grupo correspondientes al primer y segundo trimestre.
Royo, único representante de Ciudadanos en la institución y el único autorizado a realizar movimientos en la cuenta, ha acudido este jueves al pleno. Prácticamente solo asiste a las sesiones plenarias, siendo manifiesta su ausencia del resto de actividades, pese a cobrar 42.493 euros anuales al tener dedicación exclusiva. Antes de entrar en el pleno, ha entregado sendas cartas de despido a las dos trabajadoras del grupo, la citada auxiliar administrativo y una responsable de prensa, alegando "perdida de confianza".
A preguntas de los periodistas a la salida de la sesión, el diputado ha manifestado su intención de no dimitir. "Para nada", ha asegurado tajante. Él se siente acusado injustamente. "Yo no me he llevado nada", ha dicho, y para justificarlo argumenta que las dos trabajadoras han percibido su nómina regularmente desde enero.
Sobre el expediente abierto por su propio partido por una falta muy grave relacionada con irregularidades contables, él aduce que la razón no está en el mal uso del dinero (se detectaron cinco movimientos opacos en la cuenta en enero) sino en no haber dado explicaciones a tiempo . "No me denuncian por irregularidades sino por no presentar una información dentro de plazo", ha dicho
Respecto al dinero reclamado por la Diputación, manifiesta: "Ya he hablado con ellos y en unos días quedará todo aclarado". Una conversación que no ha servido para despejar las dudas, ya que poco después el presidente firmaba el decreto exigiendo la devolución de 24.770,38 euros.
Por si fuera poco, Royo se enfrentó a otro escándalo hace un año. En mayo de 2021 fue denunciado por un presunto delito sexual por una joven de 21 años con la que tuvo un encuentro en un hotel de Lérida. Ella lo acusó de haberle echado estupefacientes en la bebida sin su conocimiento, mientras él aseguró que fueron relaciones consentidas. La investigación sigue en curso en el Juzgado número 2 de la ciudad catalana. La dirección regional lo apoyó, basándose en el principio de presunción de inocencia.
