El Clúster de la Energía defiende acelerar las renovables frente a las críticas de los afectados

Greenpeace pide más participación pública y, al igual que el abogado Julio Mendo, reclama zonificar los proyectos en la comisión de investigación de las Cortes de Aragón.

Representantes del Clúster de la Energía de Aragón, este lunes, en la comisión de investigación de las renovables.
Representantes del Clúster de la Energía de Aragón, este lunes, en la comisión de investigación de las renovables.
Cortes de Aragón

La tercera sesión de comparecencias de la comisión de investigación de las renovables de las Cortes de Aragón ha evidenciado este lunes las diferencias insalvables entre los impulsores y afectados de los parques eólicos y solares. Mientras el presidente del Clúster de la Energía de Aragón (Clenar), Pedro Machín, ha urgido a acelerar la instalación de renovables para electrificar la economía y atraer empresas electrointensivas a Aragón, los representantes de Teruel Existe han exigido una moratoria para poner orden al despliegue de los miles de megavatios en tramitación.

Ni siquiera ha habido unidad de criterio entre los críticos con el actual modelo de desarrollo de la energía verde, dado que la portavoz de la campaña de renovables de Greenpeace, Sara Pizzinatto, ha sido tajante al rechazar una moratoria porque, ha dicho, "el clima no lo admite". Eso sí,  ha incidido en la necesidad de zonificar su desarrollo, en la misma línea del cuarto compareciente de la jornada, el abogado Julio Mendo.

El presidente de Clenar ha recordado que casi la mitad de los 22.234 gigavatios hora generados el año pasado en Aragón se exportaron y que solo una empresa electrointensiva, como los centros de datos, requiere una quinta parte del consumo actual. Con este dato ha subrayado que la prioridad debe ser  la creación de "zonas de aceleración de renovables", como plantea la UE, porque solo con electrificar el 80% del consumo de energías fósiles se necesitaría toda la capacidad actual de generación.

Pedro Machín ha señalado que también se debería impulsar el consumo compartido, como mínimo a 20 kilómetros como en las zonas rurales de Francia y no a 2 como en España, para ofrecer un "precio competitivo" en Aragón y así poder atraer empresas. Del mismo modo, como ha hecho el Gobierno de Aragón, ha reivindicado que todos los nudos de la red eléctrica sean de consumo.

La posición mantenida por Mariano Tomás del Río y Ernesto Romeo, de Teruel Existe y que han acudido en representación de los ciudadanos en contra de los macroproyectos de Teruel, ha sido diametralmente opuesta. El primero ha recordado la decena de denuncias por delito medioambiental presentadas contra 95 proyectos de las tres provincias. "Muchas ya han pasado de Fiscalía al Juzgado y lamento que tenga que ser el ciudadano quien le tenga que recordar a la Administración que hay que cumplir la ley”, ha dicho Tomás del Río.

Su compañero Ernesto Romeo ha exigido una moratoria porque se consume ahora lo de hace 20 años en Aragón y "no acompaña la electrificación de la economía" con 19.800 megavatios instalados y aprobados, casi seis veces más de los objetivos del Plan Energético de Aragón para 2020. Eso sí, han defendido las renovables y ha puesto de ejemplo a Stellantis, que apuesta por el autoconsumo, frente al tendido de líneas de alta tensión a 270 kilómetros que pierden el 35% de energía producida.

Por su parte, la representante de Greenpeace no ha demonizado el uso de tierras agrícolas para instalar renovables ante la situación de escasez hídrica del país. A su juicio, el 15% de las tierras de regadío podrían dedicarse a plantas solares. Lo que sí ha censurado, al igual que Teruel Existe, es el fraccionamiento de proyectos porque impide analizar el impacto real y ha requerido un verdadera participación pública.

Sara Pizzinatto ha abogado igualmente por zonificar dónde se pueden instalar aerogeneradores y placas solares y por acelerar su planificación allí donde hay instalaciones, siempre "con claridad y condiciones".  

El abogado Julio Mendo, que ha trabajado para distintas empresas del sector de las renovables, ha reconocido que siempre hay un margen de "discrecionalidad" en las personas que evalúan los proyectos y ha avisado de que si se cambian las normas "a mitad de partido" podrían reclamaciones por responsabilidad patrimonial.

Por ello, ha valorado que una moratoria sería una ruina, aunque no ha querido evaluar la decisión tomada en este sentido por La Rioja. A preguntas de los grupos, tampoco se ha posicionado sobre las grandes líneas de evacuación de Forestalia por "no conocer los expedientes".

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