El Gobierno central ha retomado su plan para rediseñar la oferta de líneas estatales de autobús, una propuesta incluida en la Ley de Movilidad Sostenible que este martes aprobó el Consejo de Ministros para iniciar su tramitación en el Congreso tras decaer el año pasado por las elecciones. La medida llega envuelta en polémica, pues conlleva una drástica reducción de servicios que en el caso de Aragón se traduciría en la supresión de hasta 151 paradas, complicando la movilidad de miles de vecinos de las zonas rurales.

Así se reflejaba al menos en el borrador inicial que planteó el Ministerio de Transportes a las comunidades autónomas y a las empresas del sector. Según fuentes del departamento que dirige Óscar Puente, el segundo intento de tramitar la nueva ley parte del mismo documento, aunque “se está trabajando” con todas las partes implicadas para “terminar de definirlo” mientras la regulación avanza en el Congreso y el Senado.

Así lo confirman también desde el Pignatelli. “Hemos tenido reuniones de trabajo con representantes del Ministerio para analizar la nueva propuesta de concesiones estatales”, señala Miguel Ángel Anía, director general de Transportes de la DGA. A su juicio, el planteamiento del Gobierno central “debería estar coordinado con el mapa concesional aragonés para no dejar sin servicio a ninguna población”, advierte a la espera de ver cómo evolucionan las conversaciones.

El documento trasladado por el Gobierno central a la DGA en la anterior tramitación tan solo mantenía el paso de rutas de bus estatales por las tres capitales de provincia y otras 16 localidades aragonesas. Por contra, los vecinos de hasta 151 municipios verían suprimida su parada y estarían obligados a hacer algún tipo de transbordo.

El impacto sería menor, no obstante, por el nuevo mapa concesional aprobado por el Ejecutivo autonómico, que tras un largo y complicado proceso de adjudicación -judicializado por varias empresas-, prevé poner en marcha los primeros servicios antes del verano.

La mejora del servicio será notable, puesto que permitirá llegar a todos los núcleos de población con más de 10 habitantes, entre ellos los 403 que hasta ahora no contaban con taxis, furgonetas o microbuses para ir a sus cabeceras de comarca.

De esta forma, Aragón absorbería en parte el impacto del rediseño de las líneas estatales, pues de las 151 paradas eliminadas, unas 40 se cubrirían por los servicios autonómicos. Aún así, más de un centenar de localidades quedarían sin cobertura y estarían condenadas a hacer transbordos con autocares regionales.

A todo ello hay que añadir la cuestión económica, clave en el conflicto. Las comunidades no solo reclaman al Estado un mayor servicio de líneas de bus, también fondos para sufragar los costes de los servicios autonómicos que compensen el recorte.

Tramitación urgente

El ministro Óscar Puente defendió este martes la necesidad de una ley que busca reconocer la movilidad como un derecho, independientemente de dónde resida el ciudadano, así como reducir la contaminación y mejorar la eficiencia.

Tras decaer el año pasado por la convocatoria de elecciones, el Gobierno central retoma ahora su tramitación, y lo hace por la vía de urgencia con el objetivo de entrar en vigor este mismo año. El plazo no es una cuestión menor, ya que su puesta en marcha es uno de los compromisos de España con la Unión Europea indispensable para la recepción de fondos de recuperación. “Tenemos que hacer los deberes”, advirtió Puente, que confió en que la nueva normativa logre un “alto grado de consenso” en el Congreso y el Senado.

Además de la reordenación de líneas de bus, el texto contempla la posibilidad de aplicar peajes urbanos en las ciudades de más de 50.000 habitantes. “Es algo que nos reclamaban los municipios, y para eso se necesita una cobertura legal que no existía. Ahora la ley lo permite, pero no obliga”, aclaró Puente, que remarcó que serán los ayuntamientos “los que decidirán”. No se prevé que Zaragoza o Huesca hagan uso de esta potestad.

El ministro hizo mención a la creación de zonas de bajas emisiones, obligatorias para las grandes ciudades en este caso por la Ley de Cambio Climático, y mostró su “disgusto” ante la “rebelión” de algunos municipios reacios a pacificar su movilidad urbana. “Dificultar el uso del vehículo privado siempre tiene resistencias en todas partes, pero en ningún lugar de la Unión Europea se da marcha atrás una vez superadas”, lamentó en referencia al desmantelamiento de carriles bici en ciudades como Valencia o Valladolid. “No es de recibo que todo lo que hemos conseguido se destruya ahora”, dijo para acusar a PP y Vox de introducir a la “ultraderecha negacionista” en los ayuntamientos. “Los pulmones de los ciudadanos son los mismos”, concluyó.