Las rebajas de impuestos van a suponer un impacto de 47 millones de euros en Aragón
El director general de Tributos explica que esa merma se verá compensada por las entregas a cuenta de IVA e IRPF.
Las rebajas de los impuestos de Sucesiones, Patrimonio e IRPF acordadas por el Gobierno de Aragón tendrán un impacto recaudatorio de 47 millones de euros. Así lo ha explicado este lunes el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, que ha detallado las líneas de trabajo de su departamento. Al mismo tiempo, ha apuntado que las entregas a cuenta por los impuestos estatales neutralizarán la merma de ingresos.
El alto cargo del Departamento de Hacienda, que intervenía por primera vez esta legislatura en la comisión, ha detallado las novedades en materia fiscal que se han aprobado. Por un lado, están las disminuciones en los impuestos de Patrimonio, que pasa el mínimo exento de 400.000 a 700.000 euros. En este caso, la merma será de 18 millones de euros.
En segundo lugar, está la deflactación del IRPF, que aunque no se notará este año sino en 2026, supondrá un impacto en los ingresos de 28 millones de euros al aplicarse un 5% de rebaja en los tramos de hasta 50.000 euros, que beneficiará a 730.000 contribuyentes. En el caso de Sucesiones, con la exención para los menores de 21 años, la disminución recaudatoria será de un millón de euros.
Pozuelo ha explicado que estos 47 millones de euros no van a suponer “un coste recaudatorio global”, dado que se verán compensados por los 130 millones de euros de mejora de las entregas a cuenta del IRPF y los 70 que verá mejorado el IVA.
La gran novedad en materia tributaria está vinculado a los impuestos a las renovables. A preguntas de los grupos, ha explicado que la recaudación será de al menos 30 millones de euros, que podría aumentar hasta los 50 millones cuando se completen las autorizaciones pendientes.
Recordó que el 15% se destinará a despoblación, que se sumará al decreto existente que establece que entre el 50% y el 90% de los recaudado debe destinarse a las zonas afectadas por los molinos y las placas fotovoltaicas. “La mayor parte de lo recaudado va a revertir en esas zonas”, ha explicado Pozuelo, que ha insistido en que este impuesto “no quiere satanizar esta actividad económica”.
Ante las críticas de la izquierda, ha defendido las bonificaciones del 99% a las empresas que impulsen proyectos de interés general (PIGA) y ha asumido que habrá recursos judiciales, por lo que ha subrayado que este tributo se ha ajustado a los principios del Tribunal Constitucional, que establece que no se podrá acceder a la bonificación del 99% si el impacto es mayor que el beneficio. También ha indicado, como dice la propia norma, que solo se bonifica el autoconsumo sin excedentes.
Pozuelo ha abordado otras cuestiones, como las organizativas. En este sentido, ha rechazado la creación de la Agencia Tributaria autonómica, figura existente en otras comunidades autónomas, como Asturias o Galicia.
Ha destacado también la importancia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que colabora en la fase de recaudación ejecutiva a través del convenio que supone un coste. Por eso, ha expuesto la intención de "sustituir estas competencias y desarrollarlas con la organización autonómica".
La posición de los grupos
En este sentido, el portavoz sectorial del PSOE, Óscar Galeano, ha indicado que "el modelo tributario y el sistema tienen la finalidad de tienen la finalidad de garantizar la suficiencia de recursos para cualquier Administración" y, en este sentido, ha preguntado al director general si "el programa de rebajas fiscales es compatible con una estabilidad presupuestaria".
Del mismo modo, el diputado de CHA José Luis Soro ha expuesto que es un "escándalo la práctica excepción de los impuestos medioambientales a los parque fotovoltaicos que estén en un PIGA" y ha indicado que esta situación se resume en que "pagan los pequeños y se escaquean los grandes".
La diputada de Teruel Existe Pilar Buj ha cuestionado al director general "cómo piensa compensar la pérdida de ingresos derivada de la bajada del tramo de IRPF autonómico" y, en relación con los impuestos medioambientales, ha incidido en que "las bonificaciones deben ir destinadas a proyectos sociales de verdad que fijen población".
Por su parte, Álvaro Sanz (IU) ha mostrado su preocupación ante actual tendencia de "desmantelar los impuestos a los que pueden y deben pagarlos y suplirlo pidiendo más dinero al Gobierno de la nación", y ha asegurado que Aragón se dirige a "una situación de desequilibrio financiero".
Por parte del PP, Blanca Puyuelo ha explicado que "la política fiscal es una herramienta poderosa en la mano del gobierno y creo que este Ejecutivo la está utilizando muy bien y de forma coherente". "Gobernamos para hacer a todos más ricos y más libres, y con la aprobación del presupuesto iniciamos una rebaja de impuestos", ha añadido.
Desde Vox, Fermín Civiac ha señalado como "medida urgente" en cuanto al Impuesto de Sucesiones la "bonificación del 99% de las donaciones de acciones y participaciones sociales de empresas familiares para favorecer la sucesión familiar".
