Los impuestos vinculados a las herencias y la vivienda pierden fuelle en Aragón

El Gobierno autonómico ingresó 92 millones menos en 2023 por Sucesiones, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

Roberto Bermúdez de Castro, en la rueda tras el Consejo de Gobierno de este martes.
El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en una rueda de prensa reciente.
Fabián Simón/DGA

A la espera de conocer los datos de la liquidación definitiva de este año, el informe provisional de la ejecución del presupuesto de Aragón de 2023 confirma el desplome de la recaudación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones, así como los más vinculados a la actividad inmobiliaria, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En total, entre estos tres tributos las arcas autonómicas han perdido 92 millones de euros al cierre de diciembre, si se compara con el mismo mes de 2022.

Pese a esta circunstancia, el Gobierno de Aragón ingresó 7.911 millones de euros en 2023 frente a los 7.136 del ejercicio anterior. Se trata de una cifra récord, en gran medida por la mejora del IRPF (384,7 millones más), el IVA (278,4) y los impuestos especiales (70 millones de aumento), así como por el fuerte endeudamiento (se captaron 400 millones de euros más que el ejercicio anterior). También tuvo una buena respuesta la venta de suelo, que gracias a la enajenación de parcelas logísticas y para los centros de datos alcanzó los 24,6 millones de euros frente a los 371.143 euros del ejercicio anterior.

Pero los impuestos cedidos de mayor recaudación, como Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales, han sufrido un acusado retroceso. Con el primero de los tributos, en 2023, se recaudaron 111,6 millones de euros, frente a los 170,4 del año anterior (58,7 menos). 

La causa fundamental está en dos pleitos multimillonarios que perdió la administración autonómica contra dos herederos a los que se reclamó el tributo pese a tener su domicilio fiscal fuera de Aragón. Los efectos se notaron especialmente el pasado mes de julio, con una caída en los derechos reconocidos por este impuesto de 14 millones de euros.

Pero no es este el único impuesto que retrocede. La evolución a la baja de las compraventas en el mercado inmobiliario, sobre todo por la subida de los tipos de interés, ha afectado también a Transmisiones Patrimoniales, que cayó de forma notable

Si en 2022 se recaudaron por este tributo 176,5 millones de euros, este año la cifra se ha quedado en 151,9, lo que supone 24,5 de descenso. Y lo mismo ocurre con Actos Jurídicos Documentados, que pierde 9 millones de ingresos al pasar de 73,6 millones a 64,5. En ninguno de los tres impuestos mencionados se han cumplido las previsiones, que eran de 146 millones en Sucesiones, 165 en Transmisiones Patrimoniales y 65,7 en Actos Jurídicos Documentados.

El resto de los tributos mantienen cierta estabilidad, salvo la tasa fiscal sobre el juego, que pierde 10,4 millones de euros, con una recaudación de 34,8 millones de euros. El impuesto medioambiental sobre las aguas residuales (IMAR) supone 66,2 millones de euros, 2,5 millones menos.

Ejecución de la inversión

El Gobierno de Aragón tampoco ha cerrado 2023 cumpliendo las expectativas inversoras fijadas al principio del ejercicio en su presupuesto. La administración autonómica desembolsó 703,8 millones de euros para obras y transferencias de capital a los organismos públicos y entidades de distinto tipo. 

Es una cifra ligeramente superior a la de 2022, cuando se desembolsaron 678,7 millones, pero la ejecución sigue siendo muy baja, con un porcentaje del 54%. Esto significa que se quedaron sin desembolsar de los capítulos inversores 338,7 millones.

En este sentido, las nuevas obras no fueron las beneficiarias del aumento global de la recaudación. Como suele ocurrir, los gastos de personal y corrientes se llevaron gran parte del presupuesto. Solo las nóminas de los funcionarios supusieron 94 millones de euros más hasta alcanzar los 2.645, la tercera parte del presupuesto autonómico. Mientras que el pago de las facturas de las contratas, suministros y servicios obligaron a abonar otros 98 millones extra.

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