Los municipios aragoneses temen una merma de ingresos con la entrada en vigor de la nueva plusvalía
El Gobierno aprueba la reforma del impuesto, que ofrece al ciudadano dos vías para calcular la cuantía. Los ayuntamientos tienen 6 meses para adaptar su normativa pero el cobro comienza esta semana.
Dos semanas después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el método de cálculo de la plusvalía, el Gobierno central ha modificado la norma fiscal para que los ayuntamientos vuelvan a contar con una de sus principales vías de ingresos. El Consejo de Ministros aprobó este lunes un decreto-ley para que este impuesto contemple la realidad del mercado inmobiliario y evite, como advirtió el fallo judicial, que el contribuyente tenga que pagar incluso cuando el inmueble ha perdido valor. Ahora, el ciudadano podrá elegir entre dos fórmulas para determinar el coste, mientras que los ayuntamientos -que esperan a conocer el detalle del texto, que se publicará hoy en el BOE-, temen que las arcas municipales sufran un "impacto negativo" con el cambio.
El pasado 26 de octubre, los magistrados declararon inconstitucional los apartados 1, 2a) y 4 del artículo 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por ser contrarios al principio de capacidad económica recogido en la carta magna. Estos artículo determinaban la forma de calcular la cuota del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana, que es como se conoce técnicamente el tributo, que grava herencias, transmisiones, donaciones o usufructos de un inmueble.
En concreto, el Tribunal tumbó el principio por el cual "siempre existe aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición", ya que dejaba fuera las variaciones del mercado inmobiliario que producían, en especial tras la crisis del ladrillo, una pérdida de tasación. Fue el tercer golpe de la Justicia al impuesto, tras las sentencias de 2017 y 2019, pero no ha sido hasta esta última, que anulaba de facto el tributo, cuando el Gobierno central ha buscado una alternativa.
Novedades
La nueva plusvalía establece con claridad que las operaciones donde no haya un aumento de valor no estarán sujetas a tributación. Y en el caso que sí lo haya, el contribuyente podrá calcular el pago con dos fórmulas distintas y así elegir las más beneficiosa para sus intereses.
En concreto, el importe se podrá calcular en función de la diferencia entre la compra y la venta -en la mayoría de los casos, esta vía será la más interesante para el ciudadano-, o mediante unos nuevos coeficientes catastrales.
Además, el nuevo decreto introduce como novedad que se grave a partir de ahora las operaciones que se hayan producido en menos de un año, algo que no contemplaba la anterior normativa. Un movimiento que busca luchar contra la especulación inmobiliaria. En cuanto a las reclamaciones, el Constitucional ya dejó claro que solo se aceptarían las de aquellos contribuyentes que hubieran abierto un recurso previo.
Reacciones
"Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos y también para la ciudadanía", aseguró este lunes Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros. Con la nueva regulación, los consistorios tendrán cierto margen de maniobra y podrán quedarse con la base aprobada por el Gobierno central o reducir algunos márgenes. Contarán con la posibilidad de rebajar los valores catastrales hasta un 15% y dispondrán de medio año para adaptarse a la nueva normativa aunque se empezará a cobrar, previsiblemente, desde mañana.
Este lunes, desde los consistorios de las tres capitales aragonesas se optó por la prudencia a la espera de conocer el texto definitivo que publicará el BOE. En Zaragoza, el gobierno PP-Cs reiteró que la nueva normativa "llega tarde" y "sin consensuar" con los municipios. Y aseguran que el cambio fiscal tendrá un "impacto negativo" en los ingresos municipales todavía por cuantificar.
En la misma línea, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), tachó de "deplorable" la actuación del Gobierno central respecto del impuesto de plusvalías por permanecer tres años "sin hacer nada" tras las primeras sentencias que advertían de su ilegalidad. En cambio, el alcalde de Huesca, el socialista Luis Felipe, mostró su satisfacción por la "rapidez" con la que la cuestión se había abordado para dar una respuesta a los ayuntamientos.
