La atención sanitaria universal era uno de los mayores logros del sistema sanitario español hasta 2012. En aquel momento, el Gobierno aprobó un Real Decreto que establecía que los extranjeros ilegales no tenían este derecho. De este modo, se estima que en la comunidad aragonesa perdieron unas 14.000 personas su tarjeta sanitaria. Una situación que se recuperó en verano de 2015, cuando PSOE y Podemos llegaron a un acuerdo con el que esperaban que alrededor de 10.000 personas pudieran volver a acudir al médico de cabecera con total normalidad.

Una medida con la que la mayoría de los aragoneses están de acuerdo. Según el último barómetro sanitario, publicado este lunes, el 58,1% de los consultados consideran que los inmigrantes ilegales deben recibir la misma atención sanitaria pública que cualquier otra persona. Un volumen ligeramente más reducido que la media nacional, que se encuentra en casi un 65%. Los datos más elevados se registran en País Vasco (72,7%), Andalucía (69,3%) y Cataluña (66,7%). En la posición opuesta se encuentran Melilla (52,1%) Castilla La Mancha (52,5%) y La Rioja (53,4%).

"En términos generales los datos son bastante buenos, ya que la mayoría de la población aragonesa y española reconoce la sanidad como un derecho humano, al que se tiene acceso por el hecho de ser persona", subrayan desde la plataforma Salud Universal, que agrupa a más de 40 sindicatos, partidos políticos y asociaciones de Aragón. Esta agrupación considera que estas cifras son doblemente buenas "si tenemos en cuenta la situación en Europa y Estados Unidos", donde políticos en contra de la inmigración cada día tienen más influencia. 

Además, hacen hincapié en que aquellas comunidades que más aceptación tienen para que los extranjeros sin papeles accedan a la sanidad son las que registran un mayor volumen de inmigración, como es el eje central y la costa del Mediterráneo. Por el contrario, en las comunidades interiores es donde hay más reticencias.

Este estudio también recoge que hay quienes consideran que solo deberían recibir atención sanitaria pública en determinadas situaciones. En concreto, un 35,1% de los aragoneses se decantan por esta cuestión. En estos casos, casi todos (más de un 90%) consideran que es imprescindible atenderles cuando es un caso de urgencia y el 64% también lo ven necesario cuando son mujeres embarazadas. Sin embargo, solo el 55% les atendería por el hecho de ser menores de edad y el 50% cuando sufrieran una enfermedad que pudiera afectar a la salud de otras personas. Otras opciones solo las valoran el 1,7% de los encuestados.

Además, el 2,7% de los consultados declaran que los inmigrantes ilegales no deberían tener atención sanitaria en ningún caso. Por su parte, más del 4% no saben o no contestan. El grupo de los que prefieren cerrar por completo el acceso a la atención sanitaria es ligeramente menor al de la media nacional (3,1%). Por un lado hay comunidades en las que es casi inexistente como en Navarra (un 0,7%) y otras en las que supera el 8% (La Rioja).

El barómetro sanitario también refleja que el 55,5% de los aragoneses consideran que la sanidad pública presta la misma atención a una persona independientemente de si nació en España o en cualquier otro país. El 29% reconocen que la atención es diferente dependiendo de la nacionalidad y casi un 16% de los encuestados dijeron que no sabían o no contestaron.

Aragón atiende a los 'sin papeles'

Desde que en agosto de 2015 el Departamento de Sanidad anunció que iba a ampliar la cobertura sanitaria en Aragón, más de 2.700 personas se han acogido a esta nueva situación (según los últimos datos facilitados correspondientes a 2017). El objetivo era que aquellos extranjeros en situación irregular que vivían en la comunidad aragonesa volvieran a tener derecho a la atención sanitaria.

A pesar de que no se ha llegado al volumen de personas que se estimó en un primer momento (unas 10.000), desde la plataforma Salud Universal valoran positivamente el esfuerzo realizado por el Gobierno de Aragón. Ya en su día, el departamento explicó que la estimación se realizó conforme a las tarjetas perdidas en 2012, por lo que la situación de estas personas podría haber variado desde entonces -puede ser que hayan regularizado su situación o que se hayan trasladado a otra comunidad autónoma o país- y ahora no necesiten acogerse a esta medida.

"En Aragón la situación ha mejorado mucho, ahora mismo el único problema existente es la falta de información en algunos puntos de acceso, pero finalmente todos son atendidos", subrayan desde la plataforma. No obstante, recuerdan que esta circunstancia no se repite en todo el país: "Hay comunidades que no han hecho cambios, por eso nosotros seguimos pidiendo que se derogue el Real Decreto de 2012". 

¿Cuáles son los requisitos?

Esta asistencia sanitaria va dirigida a extranjeros en situación irregular que estén empadronados o tengan residencia efectiva en algún municipio de Aragón durante, al menos, tres meses. También es necesario que no puedan adherirse al derecho de asistencia sanitaria desde el país de origen, no tener derecho al reconocimiento por cualquier otra Administración y no disponer de recursos económicos -sus ingresos sean inferiores a dos veces y media el IPREM, o lo que es lo mismo, 15.975,3 euros anuales-.

Otro de los requisitos es ser mayor de 18 años, puesto que los menores de edad y las mujeres durante el embarazo, parto y posparto ya tienen reconocido este derecho. Sin embargo, desde el Gobierno de Aragón señalan que para garantizar la protección de la salud de los menores, “excepcionalmente y durante el tiempo de tramitación de su alta, podrán ser incluidos en esta vía”. Además, los extranjeros no registrados ni residentes en la comunidad recibirán asistencia sanitaria de urgencia hasta el alta médica.

Este documento acreditativo tiene una vigencia de un año, aunque se puede ampliar si las condiciones se siguen manteniendo. Para obtenerlo, es necesario solicitarlo en el centro de salud. Allí hay que presentar un pasaporte en vigor, la solicitud cumplimentada y los documentos que certifiquen todos los requisitos para su adquisición.